Hacia una “Ciudad mayor”
Los datos del Censo 2024 marcan un punto de inflexión. Más que una simple actualización estadística, revelan una transformación estructural de nuestra sociedad que, en muchos sentidos, no hemos querido ver. Se produce al menos un cambio relevante en una tendencia ya advertida en mediciones anteriores: el envejecimiento acelerado de la población chilena.
Según el INE, el 14% de la población tiene 65 años o más, mientras que solo el 17,7% corresponde a menores de 15 años. Esta distribución se traduce en un índice de envejecimiento de 79, lo que significa que por cada 100 personas menores de 15 años, hay 79 personas mayores de 65. Para ponerlo en perspectiva: en 1992, ese índice era de apenas 22,3.
Esta relación plantea desafíos inéditos para nuestras ciudades, que siguen diseñadas bajo lógicas productivas del siglo pasado: individuos activos, en edad laboral, con desplazamientos diarios entre la vivienda y el trabajo o el estudio, en urbes pensadas para automóviles y no para cuerpos frágiles.
Este escenario nos obliga a repensar todo. La ciudad futura será, inevitablemente, una ciudad mayor. Y no se trata de una metáfora, sino de una realidad demográfica que exige respuestas desde la arquitectura, el urbanismo y la política pública. Debemos diseñar pensando en la movilidad lenta, en la cercanía, en la accesibilidad universal, en la seguridad comunitaria, en los espacios de pausa y en los servicios integrados. El comercio de proximidad y su diversidad, nuevas formas de peatonalización, redes de cuidado y acompañamiento, así como la reconstrucción de vínculos sociales y barriales, se vuelven esenciales.
Este proceso, que podríamos llamar ciudad mayor, nos enfrenta a una paradoja: sabemos poco sobre la movilidad real de las personas de edades avanzadas, especialmente en condiciones de dependencia o con capacidades limitadas. La falta de datos espaciales desagregados por edad y condición funcional impide la toma de decisiones adecuadas.
Necesitamos con urgencia integrar esta realidad en nuestros instrumentos de análisis y planificación urbana. La evaluación social de proyectos de infraestructura debe incorporar criterios de envejecimiento y bienestar. Se requiere avanzar tanto en la identificación de brechas como en el desarrollo de nuevas herramientas de evaluación. Planes quinquenales de regeneración de barrios, políticas de inclusión y diseño con enfoque de género y edad pueden ofrecernos una hoja de ruta.
El desafío no es sólo para ellos, los adultos mayores, sino para nosotros mismos. Porque la “ciudad mayor” no es un destino lejano, sino un reflejo de lo que cada uno de nosotros será. Y en esa ciudad, merecemos vivir bien.
Carlos Aguirre
Académico U. San Sebastián
Consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
