Carlos Aguirre

El análisis sobre la inversión pública urbana en Chile revela una brecha persistente entre el discurso de equidad territorial y la práctica efectiva de asignación de recursos. Que sólo dos de cada cinco proyectos se localicen en entornos de alta vulnerabilidad social no constituye un problema coyuntural, sino un síntoma estructural de una planificación estatal que sigue operando con lógicas espaciales desconectadas de las necesidades sociales.

En un país como Chile, que ha experimentado cambios urbanos, sociales y ambientales profundos en la última década, contar con una Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) no es un simple ideal, sino una necesidad concreta. Esta política es la brújula que orienta el crecimiento de nuestras ciudades para que no se expandan de manera desordenada o desigual, sino que evolucionen con un enfoque equitativo y sostenible.

Según el INE, el 14% de la población tiene 65 años o más, mientras que solo el 17,7% corresponde a menores de 15 años. Esta distribución se traduce en un índice de envejecimiento de 79, lo que significa que por cada 100 personas menores de 15 años, hay 79 personas mayores de 65. Para ponerlo en perspectiva: en 1992, ese índice era de apenas 22,3.

El Sistema Nacional de Inversiones (SNI) ha sido, por décadas, una pieza clave en el desarrollo del país, permitiendo priorizar proyectos con beneficios claros para la sociedad. Su enfoque basado en la rentabilidad social ha garantizado que los recursos públicos sean destinados a iniciativas de alto impacto. Sin embargo, las transformaciones que enfrenta Chile, tanto a nivel territorial como social, exigen una mirada renovada y más integral.

El proyecto de ley que reforma el sistema de planificación territorial enviado por el gobierno al Congreso, tiene el potencial de transformar profundamente el desarrollo urbano en el país, pues se pone énfasis en las principales críticas realizadas por los actores del sector.