Con mucha expectación leí el proyecto de ley ingresado al Congreso el 6 de enero recién pasado, que tenía por título “Modifica los cuerpos legales que indica, en materia de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica”. Si bien no decía “que modifica la ley de la renta”, pensé que la mención del fomento económico incluiría algo sobre la materia.
Rápidamente comencé a leer y caí en la cuenta que la materia que trataba era precisión de los plazos para la presentación y tramitación de recursos de resguardo ante el Servicio Nacional de Aduanas; modificación del Código Tributario, respecto a armonización de aplicación de sanciones por temas de elusión; autorización al Banco Central a suscribir y pagar el incremento de la cuota que Chile tiene en el Fondo Monetario Internacional; aclaración sobre procedimiento para la rebaja de la jornada laboral, en el contexto de las “40 horas”; ampliación de plazos para la elaboración de planes de acción comunal por el cambio climático; modificación de la Ley de Presupuesto en la Glosa 06; autorización al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a transferir recursos al Fondo de Infraestructura para adquirir y arrendar buses para el Gran Valparaíso; prórroga en la vigencia de patentes comerciales provisorias; ajuste a competencias entre la Comisión para el Mercado Financieros y el Servicio Nacional del Consumidor; flexibilidad y eficiencia en compras para las universidades estatales; ajuste para la utilización de la subvención para los sostenedores de establecimientos educacionales; flexibiliza la proporción de los ingresos brutos que Polla Chilena podrá destinar al pago de premios y otra disposiciones.
Mucha fue mi frustración al no ver disposiciones tributarias, salvo la modificación del Código Tributario que armonizaba cómo se aplicaban multas por temas de elusión.
No vi la tan esperada rebaja de la tasa para los contribuyentes acogidos al número 3 de la letra D del artículo 14 de la Ley sobre Impuestos a la Renta, quienes ya han internalizado la tasa del 10% que se aplicó desde el año 2020 y que solo aumentó el 2024 a 12,5%, pero a contar de este año sube estrepitosamente a 25%; o terminar con el incremento de la retención de los honorarios, tal como comenté en mi columna del lunes 30 de diciembre recién pasado. Estas dos medidas, en algo ayudarían a apoyar a las pymes que están complicadas con los mayores costos laborales que deben enfrentar y que enfrentarán si se aprueba la reforma previsional.
Mi frustración también fue compartida por los gremios de las pymes, quienes ya manifestaron su molestia porque avanza el año y las rentas se afectarán con la tasa incrementada, siendo una evidente rémora a las proyecciones y rentabilidad que esperan obtener estos empresarios durante este ejercicio.
Si bien el ministro de Hacienda señaló que el proyecto recién ingresado va por un “carril distinto de la iniciativa de impuesto a la renta”, no es menos cierto que la economía del país no está creciendo de la forma esperada y es necesario partir el ejercicio con las reglas claras, máxime si este año es de elecciones y el ambiente rápidamente se calentará con promesas tentadoras y efervescencia política que solo entretiene a los políticos. Los empresarios, en cambio, están preocupados por no tener un escenario claro para realizar su trabajo que permite impulsar el crecimiento y desarrollo del país.
Es por tal motivo que el entusiasmo que tuve al leer el proyecto, terminó en una frustración y ansiedad para seguir esperando la segunda parte de la reforma tributaria de este gobierno que ya, por la realidad que están viviendo las pymes, está siendo una necesidad que debe ser satisfecha prontamente.
Prof. Germán R. Pinto Perry,
Director Programas de Especialización Tributaria,
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago