Un proyecto y dos temáticas
El proyecto sobre Financiamiento de la Educación Superior (FES) acomete dos objetivos que ameritaban tratamiento separado, en orden para focalizar la discusión y facilitar el trámite parlamentario. Objetivo 1: abordar el problema del CAE que se arrastra desde hace bastante tiempo y que ha creado cierto consenso en torno a la necesidad de finalizar con este mecanismo de financiamiento estudiantil. Esto fue abordado en un proyecto presentado el año 2012 el cual fuera rechazado enfáticamente por quienes hoy auspician una iniciativa de similar tenor. El CAE surgió en los tiempos en que no había mejores alternativas para respaldar el proyecto de educación superior de muchos jóvenes sin alternativa real de financiamiento. Y por eso se aceptó el adoptar el CAE que con el paso del tiempo mostró grandes debilidades y constituyó un pésimo negocio para el Estado y uno muy bueno para los bancos, éstos sin incentivos para cobrar y solamente para traspasar la morosidad al propio Estado. Mecanismo caro y lleno de incentivos inadecuados, existe hoy consenso en que hay que eliminarlo y cambiarlo por uno con mejores condiciones de financiamiento, recuperabilidad y condiciones para alivianar el flujo de caja de las instituciones educativas. El proyecto no resulta claro en cuanto al sistema que le reemplazaría, el significativo costo fiscal implícito y tampoco respecto a la masa de deudores que, muchos de ellos, anticiparon los anuncios hechos tempranamente y han cesado ya de pagar sus obligaciones.
Objetivo 2 del proyecto se refiere a ampliar la gratuidad a los deciles 7 al 9, lo cual tiene costos significativos para el Estado y dos implicancias que marcaran la discusión, Por una parte hacer más dependiente a las instituciones de educación superior de los recursos y las políticas estatales, limitando sus proyectos de desarrollo y su necesaria profundización y diversidad en materia de investigación y creación. Por otra parte, porque el cálculo de los aranceles de referencia para otorgar la gratuidad pone a las instituciones en grandes dificultades al ser éstos una estimación que deja los aranceles por debajo de los costos efectivos de la docencia, especialmente de aquella de mayor complejidad y vinculación con la creación de nuevo conocimiento. Además, el Estado usualmente traspasa los recursos con muchos rezagos que llevan a las instituciones a un significativo stress financiero, resintiendo de este modo la inversión y desarrollo. Se propone aquí, además, un mecanismo de financiamiento, que obligaría a los nuevos profesionales a devolver la gratuidad por medio de un tributo con intereses significativos.
Será una discusión larga y complicada la que experimentará este nuevo proyecto. Estará marcada además por el período electoral que se vive, y transmitirá a esa discusión la carga del debate político puntual. Deja el proyecto muchas cosas pendientes como prioridad para el país en materia educacional, como también en lo social. No es conveniente que se siga poniendo una cantidad significativa de recursos en educación superior, sobre todo para financiar el stock de deudas del CAE, sin abordar con decisión el problema del bajo gasto e inversión en educación preescolar y básica, cosa verdaderamente crucial para los más pobres de Chile y para el propio adecuado desenvolvimiento del a educación chilena en su conjunto. En segundo lugar, si se trata de otorgar “perdonazos” sobre deudas existentes como el CAE, posiblemente el abordar la deuda de créditos habitacionales sería una mucho mejor opción para provocar un impacto decisivo en materia de equidad. Como quiera que sea, la autoridad decidió este camino y la opción por esta prioridad que ocupará un tiempo importante en su trámite, traerá aparejada una inconveniente incertidumbre para los jóvenes y las propias instituciones de educación superior.
Prof. Luis A. Riveros
Universidad Central
