Los países más endeudados con el FMI
En un escenario económico complejo, los países latinoamericanos y caribeños se encuentran enfrentado a potentes desafíos financieros, situación que los ha conducido de manera insistente a buscar financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como consecuencia de esto, hoy estas naciones exhiben un alto grado de endeudamiento con este organismo financiero internacional, lo que de suyo conlleva implicaciones económicas y sociales de trascendencia.
Desde hace décadas, son varios los países de la región que han recurrido al FMI en busca de desembolsos financieros debido a diversos factores, que van desde recurrentes crisis económicas expresadas en altos déficit fiscal hasta impactos externos como la crisis sanitaria global provocada por la pandemia de COVID-19. Entre los países, que hasta lo que va del 2024, se encontrarían más endeudados se ubica Argentina, Ecuador, Colombia y Jamaica, cada uno de los países exhiben sus propias circunstancias y desafíos.
Es necesario señalar que el Fondo Monetario Internacional, es una entidad financiera creada en 1944, en el contexto de la conferencia de Bretton Woods, en donde tuvo lugar el establecimiento de las bases del sistema monetario internacional, poco después de la segunda guerra mundial. Dentro de sus objetivos principales se tenía, el de promover la estabilidad financiera y buscar e crecimiento económico de las naciones a escala mundial.
Para el cumplimiento de tales metas, el organismo crediticio tenía como responsabilidad monitorear la situación económica de sus países miembros y ofrecer asesoramiento económico y político para promover políticas que contribuyan a la estabilidad y el crecimiento económico. Al mismo tiempo, proporcionar préstamos a corto plazo a países miembros que enfrenten crisis económicas o problemas de balanza de pagos y estos préstamos estarían sujetos a condiciones, como la implementación de políticas de ajuste estructural destinadas a restaurar la estabilidad.
El fundamental analizar desde una perspectiva objetiva, las implicancias que tendría para el conjunto de la población en una nación altamente endeudada, más aún, si el acreedor principal es el FMI. Frente a esto, se hace necesario que los gobiernos nacionales sean conscientes de las implicaciones en términos de bienestar social, autonomía económica y desigualdad social que conlleva acceder a estos créditos. Por tanto, se debe reorientar sus políticas de endeudamientos y conjuntamente desarrollar estrategias que promuevan el desarrollo económico, humano y se avance hacia el encuentro de la equidad social.
Acceder a créditos con el FMI, implica que los países deben comprometerse a implementar medidas económicas de austeridad o como se lo denomina ahora “medidas de consolidación fiscal”, las que incluyen recortes al gasto público, incremento a los impuestos directos e indirectos, tales como al impuesto a la renta y al valor agregado, reformas estructurales al mercado laboral o flexibilización laboral y al sistema de seguridad social, eliminación de subsidios y elevación de precios de los servicios básicos. Estas medidas tienen definitivamente impactos negativos en la calidad de vida de la población y especialmente en los grupos más vulnerables.
Las exigencias del FMI, en el tema de los recortes en el gasto público como parte de las medidas de austeridad o de consolidación fiscal, están direccionadas para afectar la provisión de servicios sociales esenciales, como reducción de recursos económicos para la educación, la salud y servicios sociales y de la obra pública, bajo el concepto de que el Estado no debe intervenir en la economía y quien lo debe hacer es la empresa privada. Por tanto, esto resulta en una disminución en la calidad y accesibilidad de estos servicios para la población vulnerable y trae consecuencias negativas para el bienestar y el desarrollo humano.
Efectivamente, las medidas de consolidación fiscal que recomienda el FMI, afectan de manera desproporcionada a los grupos más empobrecidos de la población, con ello se genera un incremento de la desigualdad social y económica. Por ejemplo, los recortes en programas de asistencia social y servicios de salud, aporta a la privatización de estos servicios, lo que provoca un impacto severo especialmente en las personas de bajos ingresos, en los adultos mayores, pensionistas y las personas con discapacidades.
Al mismo tiempo, las reformas estructurales que impulsa el FMI a menudo incluyen medidas que supuestamente están destinadas a “mejorar la competitividad económica”, como por ejemplo la flexibilización laboral y la reducción de protecciones laborales. Estas medidas en definitiva conducen inexorablemente a un aumento en el desempleo y la precariedad laboral, así como a una disminución en los salarios reales y reducción de las condiciones de trabajo para muchos trabajadores.
En tal sentido, hay que tener claro que una política de endeudamiento con el FMI conduce a las naciones a una mayor dependencia de la financiación externa por parte de las instituciones financieras internacionales. Esto finalmente limita de manera significativa la capacidad de los gobiernos nacionales para tomar decisiones soberanas sobre políticas económicas y sociales, y expone al país a condiciones y presiones externas.
Es importante destacar que la relación entre el FMI y sus países miembros ha sido objeto de debate y críticas acaloradas. Aunque un pequeño sector vinculado a los grupos de poder sostiene que, el FMI desempeña un papel crucial en la prevención y resolución de crisis económicas a nivel mundial. Mientras que, los sectores sociales que involucran al grueso de la población han protagonizado sendas movilizaciones de rechazo y argumentan que las condiciones asociadas a los préstamos con FMI imponen cargas económicas y sociales injustas a los países deudores.
Félix S. Pilay Toala
Profesor Universitario
Analista económico y político
Doctor, Economista, Magister en Administración Pública.
Presidente, RED ICALC, (Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe)
Pilayfelix071@gmail.com
