​Los datos son necesarios, pero no suficientes

Es natural que, a medida que los países transitan por su camino hacia el desarrollo, enfrenten desafíos cada vez más complejos. Las sociedades se vuelven más exigentes, enarbolando más y nuevas demandas, y los gobiernos deben encontrar la manera de satisfacer dichas demandas de una manera eficiente y sostenible en el tiempo, con recursos que siempre son escasos. En este contexto, se requiere de diseños bien pensados para las políticas públicas, que involucren desde su origen evaluaciones de impacto ex ante y ex post.

Así, se vuelve imperativo que los países sean capaces de levantar datos, para así tomar decisiones en base a evidencia, y no por preferencias (por muy respetables que éstas sean). Creo que podemos consignar que en Chile se han dado pasos significativos en esta dirección durante los últimos años. Hoy día tenemos acceso a datos que nos permiten conocer cuáles han sido los impactos de las políticas públicas que hemos implementado.

Sin embargo, y tal como se ha visto reflejado en las más recientes discusiones (muy relevantes por lo demás), al parecer, el hecho de contar con datos –aunque sea a destiempo–, no aseguran necesariamente una convergencia de las partes que se encuentran en posiciones diferentes. En este momento estamos en al menos tres discusiones, relevantes qué duda cabe, en donde el acceso a los datos, no ha sido suficiente para arribar a un punto de encuentro. El primer ejemplo se refiere a la reforma tributaria. En general, cuando se discuten temas relacionados con la carga fiscal, tamaño del Estado, o recaudación esperada como consecuencia de variar algunos tributos, no se ve un consenso. En general, se aprecian divergencias relevantes en términos de qué tan grande es hoy día el Estado, o de cuantos recursos recaudará una determinada reforma.

Otro ejemplo se refiere a la crisis que está viviendo actualmente el sector salud. Hemos visto cómo han aparecido diversas estimaciones respecto de la deuda que eventualmente deberían enfrentar las Isapres, y eso ha generado bastante ruido e incertidumbre.

Un tercer ejemplo es lo que ha pasado en lo más reciente con la reforma al sistema de pensiones. La ciudadanía ha podido observar cómo economistas de dilatada trayectoria se enfrentan con guarismos en mano, respecto de conceptos fundamentales como las tasas de reemplazo. Nuevamente, el acceso a los datos (aunque tardío), no garantiza llegar a acuerdos.

Así, vuelve a surgir con fuerza la necesidad de contar una Oficina de Presupuestos altamente calificada, autónoma e independiente, que sea capaz de llevar a cabo evaluaciones objetivas de las políticas públicas que se proponen. Contar con un organismo de estas características nos permitiría robustecer la discusión pública, para poder centrar la discusión en aquellos elementos que guardan relación directamente con los objetivos que las políticas públicas persiguen, y no con aquellas preferencias que válidamente pueda tener una u otra persona.

Rodrigo Montero,

Decano de la Facultad de Administración y Negocios,

Universidad Autónoma de Chile