Rodrigo Montero
Impacto ha causado el reciente caso de colusión, esta vez en el mercado de los gases industriales y medicinales. Y no solo porque se originó en medio del denominado “estallido social”, sino que, peor aún, afectó a sectores particularmente sensibles. Si le sumamos la figura de la delación compensada, se entiende el malestar que esto genera. Al respecto, dos reflexiones.
A propósito del recientemente celebrado día internacional de la felicidad, me permito compartir algunas reflexiones. Desde la ciencia económica mucho se ha investigado respecto de cuáles son los principales factores que gatillan procesos virtuosos de felicidad o bienestar subjetivo en las personas.
Controversia generaron las cifras de cuentas nacionales publicadas recientemente por el Banco Central. Y es que de una caída –estimada preliminarmente– de 0,2% del PIB en 2023, pasamos a un crecimiento de 0,2%. ¿Qué significa esta corrección y qué tan relevante es?
Bastante sorpresa causó el registro de inflación para el segundo mes del año. Y es que, analizando tanto la serie empalmada como la nueva serie referencial, se constatan sendos aumentos en la inflación anual (3,8 a 4,5% y 3,2 a 3,6%, respectivamente).
Desarrollo económico, un concepto que se nos ha hecho esquivo a los chilenos. Hace algunos años atrás, soñábamos con alcanzar el desarrollo, sobre todo amparados en las buenas cifras que habíamos logrado en términos de PIB per cápita.
El debate recurrente sobre si el crecimiento económico refleja el bienestar de una nación volvió a plantearse en el Foro de Davos, donde se habló de mirar más allá del desempeño económico para medir el progreso de un país, tomando el nivel de vida o la felicidad de la ciudadanía como medida del éxito.
Es natural que, a medida que los países transitan por su camino hacia el desarrollo, enfrenten desafíos cada vez más complejos. Las sociedades se vuelven más exigentes, enarbolando más y nuevas demandas, y los gobiernos deben encontrar la manera de satisfacer dichas demandas de una manera eficiente y sostenible en el tiempo, con recursos que siempre son escasos. En este contexto, se requiere de diseños bien pensados para las políticas públicas, que involucren desde su origen evaluaciones de impacto ex ante y ex post.
El dato de inflación del mes de diciembre (-0,5%) recién pasado encendió algunas alarmas –se cerró en 3,9% anual cuando la proyección del IPoM apuntaba a un 4,6%–, y hoy no es posible descartar una disminución incluso mayor a los 75 puntos base.
Es posible plantearse, de manera muy sensata y razonable, tres objetivos claros y concretos para este 2024 en materia económica.
Si de algo se sabe al otro lado de la cordillera, es de shocks, de distinto tipo claro está. De hecho, en lo más reciente están siendo testigos presenciales de cómo se están dibujando una serie de medidas que impactarán de manera relevante a la economía en los próximos meses, asestándole un shock que, al menos en el corto plazo, será difícil de digerir.
Hay quienes señalan que la economía nacional enfrenta una probabilidad no menor de un sobre ajuste económico. Esto se dice en el contexto de la muy restrictiva política monetaria que ha debido implementar el Banco Central para enfrentar el flagelo de la inflación.
Lo admito, el titular no es muy halagüeño, pero el primer mensaje que nos dejó el IEF correspondiente al segundo semestre de este año, es que “los riesgos del escenario macrofinanciero externo han aumentado respecto del Informe anterior”.
El mercado laboral sigue dando cuenta de una situación delicada. Se constata nuevamente un incremento de la tasa de desempleo, tanto a nivel nacional (0,9 pp. en 12 meses) como de la Región Metropolitana (1,2 pp. en 12 meses).
Ahora que la economía se encuentra en tierra derecha para amarrar una recesión en 2023 (-0,5% según el último reporte del FMI), es bueno levantar la vista y ver qué tanto se recuperará la actividad en 2024, y cuáles pueden ser los riesgos asociados (más a la baja que al alza, sin duda).
Recientemente la Dirección de Presupuestos (Dipres) informó los resultados de las evaluaciones de programas del primer semestre.
La reciente Encuesta Suplementaria de Ingresos elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) arroja datos preocupantes.
Con el ánimo de aportar a la construcción de un (deseable, ¡qué duda cabe!) pacto fiscal, me parece importante sumar un elemento que es clave para todos quienes nos dejamos seducir por los argumentos técnicos: la democratización de la información con la cual se evalúan las políticas fiscales (y las políticas públicas más en general). Así, se requiere tener acceso a la información y modelos que sustentan, no solo las propuestas que emanan desde el ejecutivo, sino también, a las que surgen desde el hemiciclo.
Tres mensajes fundamentales dejan los resultados de la encuesta CASEN. Primero, la tasa de pobreza medida por ingresos cae significativamente desde un 10,7% en 2020 a un 6,5% en 2022. Lo anterior, muy de la mano con lo que fue el dinamismo de la actividad económica en dicho período.
En el contexto de una nueva discusión en torno a una reforma tributaria, y a propósito de las diferentes posturas que existen en torno a ella, es probable que la conversación se torne más técnica (y seamos capaces así de converger a un pacto fiscal) si es que un organismo internacional lleva a cabo un estudio sobre la eficiencia del gasto público en Chile.
La actualización de la canasta de bienes y servicios para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un ejercicio fundamental y estratégico para la economía.