Más de dos años en promedio puede demorar las tramitaciones de permisos de las empresas inmobiliarias en la Región Metropolitana, que incluyen los cinco trámites que más gestionan las empresas ante las Direcciones de Obras Municipales: aprobación del anteproyecto, permiso de obra nueva, modificación de proyecto, copropiedad y recepción final.
Así lo revela el primer “Observatorio de Plazos” de la industria, elaborado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) junto al área de estudios y consultoría de TOCTOC, con el objetivo de detectar de manera precisa dónde se encuentran los cuellos de botella en la tramitación de proyectos de edificación y gestionar mejoras que reduzcan las demoras injustificadas en las Direcciones de Obras Municipales.
En específico, el informe detecta que el tiempo promedio es de 815 días, plazos que superan los 1.300 días en comunas como Macul, La Cisterna y San Joaquín. El análisis le dio seguimiento a un total de 927 expedientes de proyectos inmobiliarios en 30 comunas entre 2019 y 2023.
Entre las principales conclusiones, se detectó que el plazo promedio para obtener todos los permisos que más frecuentemente se gestionan en el desarrollo de un proyecto inmobiliario pasó de 648 días en 2019 a 815 días en 2023. Lo que implica un alza de 25,7% en cuatro años, pese a que la actividad de la industria el año pasado fue sustancialmente menor a la que se registró antes de la pandemia.
“La demora en la tramitación de permisos tiene efectos relevantes en el precio de las viviendas, al subir los costos financieros y alargar excesivamente el momento de la entrega final a los propietarios”, señaló Alejandro Marinovic, vicepresidente de ADI a cargo de esta investigación. “Es inviable para la industria tener demoras de tres años y medio o más en la permisología asociada a un proyecto, como ocurre en algunas comunas de Santiago”, agregó.
En esta línea, el estudio indica que el principal factor de las demoras se origina en las DOM, que explican en promedio un 73,7% del plazo total, mientras el 26,3% restante se debe a demoras de las partes solicitantes.
“Creemos que este trabajo enmarcado en el actual contexto del problema de acceso a la vivienda es fundamental, porque los retrasos en la aprobación de los proyectos encarece aún más los precios, sumado a otros factores que han incidido en el alza. Por esto, urge tomar medidas para frenar la burocracia, que genere n mayor dinamismo que promueva el empleo y el acceso a la vivienda”, sostuvo José Ignacio Vicente, CEO de TOCTOC.
“Desde la ADI hemos discutido la metodología y los resultados de este informe con la Asociación de DOM, la Asociación de Oficinas de Arquitectura y con el Ministerio de Vivienda, con el ánimo de gestionar y resolver los problemas que inciden en las demoras excesivas”, apuntó Slaven Razmilic. “Los contactos han sido auspiciosos y hemos encontrado en nuestras contrapartes un ánimo constructivo, destacándose el potencial que tiene esta herramienta para avanzar en base a información clara”, puntualizó.
