Certeza constitucional viabiliza aprobación del nuevo pacto social
El resultado del plebiscito del 17D nos entregó definiciones políticas relevantes y un horizonte más o menos cierto, por lo menos hasta que termine este gobierno según lo anunciado por algunos sectores políticos. Esto nos permite evaluar en un contexto más definido, los proyectos estructurales que están en curso tal como la reforma tributaria o “pacto fiscal” que aún está siendo “socializada”, considerando la vigencia de la actual constitución.
De esta forma, ya resulta vano discutir si el Pacto Fiscal debe tener como objetivo el aumento de la recaudación, sino cómo se convierte en un articulador que permita a los sectores intermedios dar solución a los problemas sociales, pues la actual carta magna considera al rol subsidiario del estado como rector de sus políticas. Este marco regulatorio establece que los tributos no deben ser desproporcionados y que cada contribuyente tributa de acuerdo con la progresión de sus rentas.
Si analizamos el borrador de “Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal” (título difícil de resumir), presentado recientemente por el ministro Mario Marcel, podemos apreciar que exalta la inversión privada, establece un gasto fiscal sea eficiente, que la acción del estado sea transparente e intenta garantizar un sistema tributario moderno, mejora la fiscalización y también el sistema de monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
Es evidente que el objetivo central que tenía la reforma rechazada en marzo pasado, de aumentar la recaudación fiscal, fue total y absolutamente olvidado, dejando solo como una reminiscencia nostálgica la mención al aumento de las tasas de los tramos altos de los impuestos personales y dejando aún la duda si se aumentará la base de contribuyentes personas naturales.
Este proyecto de Pacto Fiscal ya no tiene ningún obstáculo o riesgo constitucional ya que se alinea con las directrices de la carta fundamental vigente y tampoco generará grandes cuestionamientos sociales ni políticos dado los inapelables resultados del plebiscito del 17D. Debemos sumar a lo anterior, que este texto fue elaborado sobre la base de consultas a distintos sectores sociales, políticos, gremiales y académicos, lo que hace suponer que existe un mejor pronóstico que permitiría aprobarlo en un plazo acotado.
A pesar de este contexto esperanzador, no deja de tener una cuota de frustración que la orientación “procrecimiento” del actual documento se había ya solicitado en marzo y no incorporado, razón que explica en parte su rechazo en dicha oportunidad. Hemos perdido casi un semestre por la incapacidad de diálogo de nuestras autoridades y por los eventuales cálculos electorales que incidieron en el proceso.
En este “reafirmado” escenario económico y político, vuelvo a formular la pregunta que ya he realizado en otras columnas: ¿Qué país tendríamos ahora si se hubieran recogido las políticas procrecimiento en el proyecto rechazado en marzo? Resulta importante la respuesta, ahora que teneos claro el estilo constitucional que el país quiere.
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago
