¿(In)eficacia o (In)eficiencia estatal?

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German Pinto


En los Diálogos por un Pacto Fiscal que realizó el Ministerio de Hacienda y en los cuales participé como uno de los 6 representantes del CRUCH, se discutió enfáticamente que el objetivo de la futura reforma tributaria era aumentar la recaudación para que el Estado diera solución a las demandas sociales. Se nos pidió que hiciéramos el ejercicio de definir las prioridades del futuro gasto que se recaudaría, como una forma de justificar tal iniciativa legal. Sin embargo, yo siempre señalé que estructurar aquello no aseguraba lo que realmente nos debía convocar: cómo dar solución a las necesidades que la población está haciendo presente, siendo mi énfasis en idear estrategias y políticas que generaran crecimiento para logar un desarrollo eficiente que permitiera a los sectores intermedios lograr la satisfacción de las necesidades, pero con un apoyo directo y eficiente del Estado, quien tendría recursos derivados del dinamismo de la economía que se lograría con políticas de incentivos para ciertos sectores sociales, en contraposición de aumentar el aparato estatal.


Mi aprehensión es que el Estado no es eficiente ni eficaz para la solución de los problemas sociales y no puede monopolizar tales iniciativas. Es por todo lo anterior que el futuro sistema tributario debe tener una estructura que estimule la inversión y el ahorro como objetivo principal, quedando en segundo lugar el objetivo de aumentar las arcas fiscales.


Creo que los hechos que se han constatado en los últimos días me han dado la razón.


Hace unas semanas que el INE entregó cifras oficiales sobre el incremento importante de las contrataciones del aparataje estatal. Inicialmente se hablaron de 56 mil nuevos puestos de trabajos estatales, luego se señaló la cifra de 91 mil personas para terminar con una cantidad “corregida” de 86 mil nuevos funcionarios públicos.


Independientemente de la justificación de ese incremento, es necesario evaluar el costo alternativo del aumento de la dotación de asalariados fiscales, pues se ha calculado en más de 2 mil millones de dólares anuales tal incremento en el gasto estatal, que bien podrían ser destinado a inversión en infraestructura, como construir el equivalente a dos puentes del Chacao, o financiar las prestaciones de la PGU. En otras palabras, en vez de destinar a proyectos sociales los fondos con que el Estado ahora cuenta y que fueron destinados a remuneraciones, hubiera sido posible financiar avances viales de importancias y ayuda directa a sectores más necesitados, los mismos que han sido justificación para diseñar los proyectos de reforma tributaria que han sido rechazadas por sus efectos perniciosos a la economía.


Ahora bien, se podría justificar que las nuevas contrataciones buscan dotar al aparato fiscal de personal idóneo para llevar a cabo los planes sociales del Gobierno. Pues bien, la evidencia empírica sigue dándome la razón.


Ha sido transversalmente cuestionado el resultado del plan de distribución de balones de gas a “precio justo” que terminó en la entrega a solo 6 mil familias de un cilindro que tuvo un costo de 117 mil pesos, en circunstancia que el precio de acuerdo con la “iniciativa privada” bordea los 23 mil pesos, es decir, el esfuerzo estatal es un 409% más caro.


Muchas han sido las explicaciones y justificaciones que han entregado distintos personeros de Gobierno, pero todos han reconocido que el valor fue alto. Tal vez porque hubo una inversión inicial que fue menester realizar, que era un plan piloto y que se está “aprendiendo”. Pues bien, todo eso se hubiera evitado si se hubiera aprovechado la experiencia e instalaciones privadas.


Creo que nunca han sido más aplicables a este “chascarro fiscal” como se nos ha hecho parecer, los dichos de “la excusa agrava la falta” y “no hay que inventar la rueda”, pues las explicaciones dadas solo evidencian improvisación, exceso de buena voluntad y fe ciega a los postulados del dogmatismo de la economía centralizada, pues se ha señalado que la iniciativa de venta es sustentable a futuro y que la pérdida inicial no afectó al patrimonio de ENAP, que el Estado hace bien las cosas y otras veces los privados lo hacen mejor, que es un piloto que arrojó resultados negativos y que, rápidamente, están cambiando de rumbo o que ENAP ha redefinido a tiempo y eficientemente la estrategia. Todas explicaciones que no excusan las ingentes cantidades de recursos fiscales que se gastaron y que se hubieran ahorrado o, por lo menos, redestinados a gastos sociales. Por otro lado, ¿para qué invertir y probar cómo operar con personal inexperto, cuando la empresa privada ya tiene años de experiencia en la materia? ¿Tal vez por aversión al lucro?


Creo que los hechos conocidos en estos días reafirman mi aprehensión que el énfasis para lograr una eficiente y eficaz solución de los problemas sociales no es aumentar el aparato estatal, sino aunar los esfuerzos privados y públicos para que los recursos lleguen a un menor costo a las necesidades que tanto demanda la población, propósito al que el sistema tributario de contribuir y no ahogar iniciativas.


Prof. Germán R.Pinto Perry

Director Magíster en Planificación y Gestión Tributaria

Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC


Universidad de Santiago


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