Ahora la Constitución

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Javier Fuenzalida

Terminamos el año político con elecciones realizadas en forma ejemplar. Ahora debemos preocuparnos del trabajo de la Convención Constituyente, algo que quedó en segundo lugar por la elección presidencial. Su trabajo comenzó en a mediados de años y los debates, en su mayoría, fueron dedicados a temas, si bien algunos importantes, no correspondían al trabajo para el cual fueron elegidos. Es tiempo que la opinión pública y los ciudadanos se ilustrrn sobre lo que es una constitución y en lo posible, leer la actual o la anterior de 1925 para tener una idea clara de los que una nueva debe contener. Es un documento fácil de comprender. La jibarización del curso de educación cívica que pasó a ser una parte más del curso de formación ciudadana y que, algunos pretendieron suprimirlos junto con el de historia y filosofía, explica porque no todos están lo suficientemente ilustrado. Es posible que exista un analfabetismo cívico.

La Biblioteca Nacional ha elaborado un importante “Guía de Formación Cívica”. En su primer párrafo de la página 127 invierte su sentido puesto que señala que “en ella se determinan aspectos tan relevantes como las bases de la institucionalidad, los derechos y garantía de las personas y cuerpos intermedios”. Afortunadamente corrige este error en la página siguiente indicando que “define el régimen de los derechos y libertades fundamentales y delimita los poderes e instituciones de la organización política”. Es importante porque deja en claro que es la defensa de los ciudadanos contra posibles abusos de la autoridad.

La historia así lo relata desde la constitución de Solon en Grecia (594 ac), el derecho romano (derecho de gentes), la Carta Magna inglesa del 2015 y la constitución de Estados Unidos de 1787 seguida del Bill of Rights de 1791, la cual sirvió de modelo para nuestro primer reglamento constitucional de 1812, llegando hasta la actual que dará paso a la que está en proceso de debate.

Es por ello que la nueva, contrariamente a lo que algunos sostienen, no parte de una hoja en blanco, por cuanto hay una parte importante de la nueva que, sin duda, recojerá elementos sustanciales de las de 1980 firmada por el expresidente Lagos en 2005 y que a su vez incorporó parte importantes de las normas de constituciones como la de 1833 y 1925.

Hay algunos que quieren borrar la bandera, el escudo chileno y el himno patrio pero sin indicar que es lo que proponen sustituir. Supongo que no será la Internacional de los marxistas.

Nuestra actual constitución parte definiendo lo que es Chile, república democrática ¿Cambiará?

Seguidamente define a quienes se aplica. Los chilenos ¿Cambiará? ¿Será necesarios crear categoría de chilenos según su origen, pascuences, aymaras, quechuas, mapuches y la inmensa mayoría nativos o descendientes de extranjero de cientos de países y de varias generaciones.

El Artículo 19 define el estatuto de los derechos de las personas en 26 incisos ¿Cambiará? Algunos proponen crear derechos de los animales, como si estos tuvieran un razonamiento para ejercerlos debidamente, ¿Habrá derechos para las arañas de los rincones, vinchucas, ratones? ¿Y por qué no derecho a los vegetales, el pasto de las plazas, la zarzamora, las callampas venenosas?

El resto es la organización del estado para asegurar y garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos ¿Cambiará? Seguramente habrá un amplio debate por cuanto las opiniones van desde el actual régimen presidencias a otro que reste poder al presidente y aumentar los del congreso, o bien pasar a un régimen semiprosidencia como el francés o de frentón parlamentario.

Cualquiera que sea la fórmula, habrá que discutir sobre las facultades presidenciales y las del congreso que no pocas veces entran en colisión. Jorge Alessandri durante su mandato proponía que el presidente tuviera una única opción de disolver el congreso y llamar a nuevas elecciones una vez en su mandato a fin de contar con una mayoría parlamentaria en lo posible.

El congreso por su parte requiere de algunos cambios, no todos de orden constitución pero que bien pudieran acordarse en algún artículo transitorio. Ejemplo reformar la ley de elecciones que permite que una persona con escuálidos 10 o menos votos pueda ser electa recibiendo el derrame de sus competidores de lista. Una solución es dividir el país en tantos distritos electorales como asientos de la cámara de diputados, eligiendo el candidato más votado. También debiera ser materia de revisión el proceso legislativo. La ley de bosque nativo estuvo 17 años en tramitación. Hay 52 proyectos que datan desde el 2001 en espera de discusión, en cambio al ley sobre el pololeo solo 4 años. No son los únicos casos.

Las remuneraciones y asignaciones (salario encubierto) del ejecutivo y parlamento beneficia cerca de 500 o más funcionarios del estado, incluyendo los elegidos por votación popular. Gozan de remuneraciones que los sitúa en el décimo decil de la distribución del ingreso. Un chiste porque la dieta implica ese ejercicio, es como un Kino o un el Loto a todo evento. Nada se ha dicho sobre el poder judicial. Se requiere un bisturí poderoso para revisar los códigos penales y procesales, la organización de ese poder, teniendo como menta, entre otras, establecer procedimientos que impidan que haya juicios que demoren, 5, 10, 15 y 20 años o más.

Las promesas de despolitización de los organismos del estado surgen en todas las candidaturas de todo orden. Será necesario darle autonomía política al igual que la que rige al Banco Central a otras unidades del estado reconocidas por ineficiencia o por ser nicho de beneficios políticos.

Impuestos indirectos. A fin de hacer efectiva la regionalización del país deberían cobrarse donde se originan las transacciones comerciales y no donde está el domicilio del prestador de modo que ingresen a los gobiernos regionales, independiente que existan normas para transferir recursos desde el estado a regiones de menor actividad económica.


Javier Fuenzalida A.

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