¿Quitar los patines?... ¿Poner los patines?
Los recientes resultados de la Prueba de Transición Universitaria (PTU) han puesto una vez más en evidencia el gran retraso de la educación municipalizada con respecto a la privada y a la subvencionada. Se ha venido advirtiendo por muchos años que esto refleja un conjunto de iniciativas inexistentes o poco exitosas en el sector de la educación pública, donde priman además otros fenómenos adversos que la llevan a resultados tan poco presentables. Es cierto, muchos establecimientos de educación municipalizada exhiben puntajes que han mejorado ostensiblemente los últimos años, así respondiendo a iniciativas de apoyo emprendidas por ciertas municipalidades. También es cierto que los puntajes de la PTU (como asimismo de la anterior PSU) no son totalmente reveladores de los resultados educativos de un establecimiento. Lo malo es que no es posible mostrar otros resultados que sean “compensatorios” como podrían serlo la formación valórica o ciudadana que adquieren los niños. Pero es la calidad de la educación pública en su conjunto la que está sufriendo un retraso ostensible que el país debe lamentar.
El caso de los colegios emblemáticos de Santiago, como el Liceo Carmela Carvajal, el Javiera Carrera, el INBA, el Liceo Lastarria, el Barros Borgoño o el República de Siria, muestran caídas sistemáticas en los últimos años en sus resultados en pruebas de selección. El caso más brutal es el del Instituto Nacional, que no hace mucho se ubicaba dentro de los diez primeros colegios del país, y hoy aparece relegado al lugar 144. En la mayoría de estos casos, el factor común determinante parece haber sido la continua protesta, la pérdida de clases, el uso de la violencia como acción cotidiana, mostrando ante el propio alumnado la escasa apreciación que se otorgaba a la acción educativa del colegio. Poniendo en evidencia, además, la escasa valoración del tiempo, dado las pérdidas irrecuperables causadas por las protestas, a las que se debe sumar aquellas asociadas a los paros docentes y paros generales. En el caso del Instituto Nacional no se trataba sólo de acciones permanentes de violencia, incluyendo molotovs lanzadas por “estudiantes” en forma indiscriminada hacia la calle, sino que la existencia de amenazas contra los propios estudiantes que se opusieran a tales acciones. Intimidación a profesores y directivos complementaban esas manifestaciones que nunca fueron bien explicadas en sus motivaciones, aparte de afirmaciones tan generales como “insatisfacción con el sistema” o “deseos de cambiar la forma en que funciona la sociedad”. Más bien, consistieron en un cierto “experimento” para poner a prueba a la autoridad, como asimismo a la ciudadanía, y observar las reacciones ante muestras fuertes de protesta, como destrozar una imagen religiosa en plena Alameda o tener “estudiantes” a diario con overoles y máscaras lanzando bombas desde el techo de su colegio. El resultado obvio se produjo: emigración de los buenos estudiantes a otros colegios y también, seguramente, de muchos profesores y directivos. Recuperar Instituciones que han sufrido esta destrucción es una tarea francamente imposible.
En el campo de las políticas públicas, y de un modo más general, ellas fueron faltantes en cuestiones decisivas para toda la educación, particularmente la educación pública. Modernización del currículo, mejora en las tecnologías y métodos de enseñanza, inclusión de la formación valórica y ciudadana, mejoramiento de la formación pedagógica, han sido temas que poco se abordaron en las políticas públicas. En ellas primó más bien un énfasis mayor en temas de gestión y finanzas. El último esfuerzo de esta naturaleza ha sido el empeño por “desmunicipalizar”, cosa que no tendrá obviamente mucho impacto en los temas de fondo que envuelve la formación de nuestra niñez y juventud. Y mientras tanto, la educación pública se seguirá sumergiendo de modo tal que no le será posible salir a flote. La idea de “quitar los patines” a quienes lo hagan mejor prevaleció por sobre la otra de hacer el esfuerzo por “ponerle patines” a todos los niños de Chile.
El gran problema de fondo es que no se tiene al largo plazo como el escenario relevante para las decisiones en educación. La política se ha acostumbrado al cortoplacismo, y todo adquiere un valor en la medida en que produzca resultados visibles lo más rápido posible: aquí figura la gestión, la inversión en infraestructura y la provisión de medios tecnológicos. Todo esto será poco efectivo sin atender los aspectos fundamentales en calidad educativa, cuyos resultados se observarán solamente muchos años después. Manuel Montt, Valentín Letelier, Pedro Aguirre Cerda y Eduardo Frei Montalva, entre muchos otros políticos ilustres, lo sabían muy bien. Pero, en el mar de populismo en que vivimos, a nuestra generación actual le parece que nadie efectivamente tiene que responder por los resultados.
Prof. Luis A. Riveros
