Para atacar la corrupción son necesarios los denunciantes anónimos
En tiempos de pandemia, la integridad no se puede descuidar y conforme a ello, el jueves 18 de junio a partir de las 12.00 horas, en modo telemático, Plataforma TEAMS, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott y el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Antonio Peribonio, abordaron la situación de las personas denunciantes de corrupción en Chile. Como el asunto era de sumo interés público, me tomé el tiempo necesario para verlos y escucharlos y estoy en condiciones de afirmar que ambos fueron muy claros en sus compromisos a favor de la probidad y transparencia.
Como una declaración previa al contenido de esta columna, dejamos en claro que este columnista, promotor del apego a la ley y contrario a la competencia desleal en los mercados, es denunciante habitual de prácticas impropias, ya sea en la Contraloría General de la República, como en los municipios y otros servicios de la Administración del Estado, siempre a cara descubierta, luego, invariablemente indicando nombre, apellido, dirección, teléfono y correo electrónico. Lo anterior, respetando a quienes lo hacen con reserva de identidad.
Por experiencia sabemos que las instituciones de nuestro país, no sabemos si por falta de recursos, o por otras razones más profanas, no siempre ejercen correctamente sus atribuciones para combatir los abusos y burlas a los marcos regulatorios de los diferentes sectores de la economía. Por ello, sería deseable que el sistema político que nos rige, vía una profunda reingeniería, se pusiera juicioso para abordar esta materia.
En tal sentido, sostenemos que los denunciantes anónimos son claves en el combate de la corrupción, estigma que se supone no existía en nuestro país, según las autoridades, los grandes conglomerados económicos que tienen amplia tribuna en los medios hegemónicos y los llamados estudios de la percepción de este flagelo. Pero como ha quedado acreditado, la corrupción estaba allí, oculta bajo una apariencia de rectitud.
Volviendo a quienes denuncian anónimamente, debemos señalar que posiblemente pertenecen a las instituciones o servicios públicos que conocen de cerca su funcionamiento y precisamente por eso logran detectar situaciones irregulares donde difícilmente la Contralaría u otras instituciones fiscalizadoras pueden llegar a identificar irregularidades, ya que se necesitaría un ejército de funcionarios revisando a diario el funcionamiento de miles de instituciones administrativas y servicios públicos.
Para tener éxito en esta tarea es necesario que el gobierno aumente el presupuesto que se le asigna a la Contraloría, la que, por mandato constitucional y legal, tiene el deber de cuidar los fondos públicos y que los actos de la administración respeten las diferentes leyes, más aún pues, según hemos sabido, el Estado de Chile está comprometido con el "Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas" de la ONU, una de cuyas metas es reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
Por último, para denunciar anónimamente es muy fácil, solo hay que acceder a la página web de la Contraloría, ir a "denuncia en línea" y elegir la opción "mantener reserva de identidad".
Patricio Herman
