Estrategia en el debate universitario: El límite del acceso: repensar la justicia educacional en Chile
Durante las últimas décadas, Chile ha experimentado una transformación profunda de su sistema educativo, marcada por la expansión de cobertura escolar Y el aumento sostenido de la matrícula en educación superior. La gratuidad, la Ley de Inclusión Escolar y diversas políticas de acceso ampliaron significativamente las oportunidades de participación educativa. Sin embargo, persiste la pregunta sobre si acaso hemos tendido a confundir inclusión con efectiva justicia educacional.
El debate chileno sobre justicia educativa ha privilegiado una lógica distributiva centrada, legítimamente, en acceso, financiamiento y cobertura. Sin embargo, aunque indispensables, estos avances resultan insuficientes para comprender plenamente el concepto de justicia educacional, ya que un sistema puede ampliar la matrícula pero continuar reproduciendo desigualdades persistentes cuando las condiciones reales de aprendizaje, permanencia y desarrollo siguen dependiendo del origen social, el territorio, la edad, el capital cultural o las trayectorias previas de los estudiantes.
En Chile, el debate sobre justicia educacional ha comenzado a complejizarse al incorporar dimensiones que exceden la distribución de oportunidades, incluyendo exclusión, segregación, discriminación, desigualdades territoriales y prácticas institucionales. En esta línea, espacios académicos como el Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional de la PUC han contribuido a instalar una mirada más multidimensional sobre las desigualdades educativas. Sin embargo, buena parte de esta conversación continúa concentrándose en el espacio escolar, mientras la educación superior, las trayectorias adultas y los efectos longitudinales de la formación permanecen todavía relativamente menos abordados en el debate nacional.
La masificación de la educación superior transformó profundamente el perfil estudiantil chileno, donde hoy conviven jóvenes de dedicación completa con trabajadores, madres, padres, estudiantes de primera generación universitaria y adultos que retoman estudios tras años fuera del sistema. Sin embargo, pese a esta creciente diversidad, muchas instituciones continúan operando bajo el supuesto implícito de un estudiante tradicional, con tiempo disponible y menores restricciones laborales o familiares, lo que vuelve insuficiente garantizar acceso cuando las estructuras y políticas institucionales dificultan la permanencia, el aprendizaje o la titulación oportuna. La justicia educacional también se juega en aspectos menos visibles, como horarios compatibles con la vida laboral, acompañamiento académico oportuno, flexibilidad curricular, reconocimiento de aprendizajes previos y apoyos capaces de responder a trayectorias complejas, evitando que la inclusión termine siendo una promesa parcialmente incumplida.
A ello se suma una dimensión territorial persistente, ya que no es lo mismo estudiar en regiones extremas, comunas periféricas o instituciones con menor densidad de recursos y redes de apoyo.
La geografía sigue condicionando oportunidades educativas y junto con ello, la segregación escolar y universitaria continúa operando como un mecanismo silencioso de reproducción de desigualdades, afectando no solo aprendizajes, sino también redes, expectativas y posibilidades futuras.
La evidencia internacional muestra que los sistemas educativos relativamente más equitativos no abandonaron las políticas distributivas, sino que las profundizaron mediante apoyos diferenciados, acompañamiento institucional y seguimiento de trayectorias. Así ha ocurrido en Finlandia, Canada y Australia, donde la discusión dejó de centrarse sólo en quién accede para mejor incorporar a quién logra permanecer, aprender y transformar esa experiencia en mejores oportunidades de vida.
Chile enfrenta además un importante déficit longitudinal, ya que las políticas educativas suelen evaluarse mediante matrícula, retención, titulación o empleabilidad inmediata, pero mucho menos por las trayectorias construidas años después. La pregunta relevante no es quién logró ingresar al sistema, sino si acaso la educación amplió efectivamente oportunidades de movilidad, autonomía y bienestar o simplemente reorganizó desigualdades previas. Este punto adquiere especial relevancia para estudiantes adultos y trabajadores, cuya experiencia educativa suele estar atravesada por tensiones familiares, económicas y laborales que rara vez son consideradas en el diseño institucional, haciendo más difícil estudiar incluso con gratuidad o financiamiento.
Chile ha avanzado significativamente en inclusión formal y ese progreso merece reconocimiento, pero el desafío actual parece distinto. La discusión ya no puede limitarse únicamente a abrir puertas, sino a asegurar que éstas conduzcan efectivamente a trayectorias educativas y sociales más justas. El próximo paso de la justicia educacional en Chile probablemente no sea solo ampliar el acceso, sino garantizar que estudiar permita realmente avanzar, a cualquier edad y bajo distintas trayectorias de vida.
Prof. Luis A. Riveros, Profesor Emérito, Universidad de Chile
Prof. Nassib Segovia, académico y especialista en educación superior.
