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Patricio Herman |
Por noticias publicadas en la prensa a partir del 23 de noviembre pasado, supimos que los dueños de este hotel emplazado en los roqueríos del balneario de Concón, sobre el hoy inexistente peñón Oreja del Burro, V región de Valparaíso, interpusieron una demanda civil en contra de la municipalidad de Concón y en contra de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, debido a que su edificio terminado, que contó con un permiso del 10 de enero de 2011, acogido a la ley Lorca de Viña del Mar, no puede funcionar por fallo de la Corte Suprema.
El 16/03/2023 publicamos en Estrategia la columna "Qué sucederá con el hotel Punta Piqueros en Concón" y en esta ocasión aludimos a lo sucedido el 22/03/2023 en el Concejo Municipal de Concón con respecto a este edificio terminado que no cuenta con una recepción final de obras.
La opinión pública tiene pleno conocimiento de que este hotel de 10 pisos, emplazado en un terreno de 3.093,60 m2 dentro de los roqueríos del borde costero de esa comuna, que contó con el permiso de edificación N° 7 del 10/01/2011 para una estructura de 4 pisos (sic), acogido al artículo 13° de la Ley Lorca, con destino residencial, con una superficie edificada de 19.451,92 m2, mal cursado por el entonces director de obras municipales (DOM) de Concón, Julio Leigh, arquitecto posteriormente destituido por otras razones.
Superado el paréntesis político que implicó el Estallido Social, la Pandemia y la redacción de una nueva Constitución, el país comienza a proyectarse nuevamente. En este contexto reaparece en los medios de comunicación el fantasma del fallido proyecto urbano para la Alameda en la metrópolis de Santiago
La opinión pública sabe lo que sucede con los guetos verticales construidos con permisos de edificación ilegales a partir del año 2013 en la comuna de Estación Central, ello en el período en que el alcalde era Rodrigo Delgado y por tal motivo 6 ciudadanos informados, uno de los cuales es quien suscribe la presente, hace unos 5 meses interpusieron una querella criminal en contra de los 2 funcionarios municipales que cursaron los permisos para 70 edificios con alturas de entre 25 y 38 pisos.
La ley N° 19.880 del Procedimiento Administrativo señala que los actos ad hoc se deben invalidar cuando son ilegales, en la medida de que la solicitud de invalidación se presente dentro del plazo de 2 años desde sus emisiones y quienes tienen que ejercer esa acción reparatoria son los funcionarios públicos que los otorgaron, dejándose en claro que recurrentemente son los ciudadanos de a pie los que detectan los "errores", así se llama en Chile a las trampas, cometidos por aquellos que disfrutan del poder político.
En tiempos de pandemia, la integridad no se puede descuidar y conforme a ello, el jueves 18 de junio a partir de las 12.00 horas, en modo telemático, Plataforma TEAMS, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott y el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Antonio Peribonio, abordaron la situación de las personas denunciantes de corrupción en Chile. Como el asunto era de sumo interés público, me tomé el tiempo necesario para verlos y escucharlos y estoy en condiciones de afirmar que ambos fueron muy claros en sus compromisos a favor de la probidad y transparencia.
El 24 de mayo pasado nos vimos en la obligación de manifestarle al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín y al arquitecto Pablo de la Llera, competente asesor urbano de esa municipalidad, que era indispensable hacer modificaciones al Plan Regulador Comunal (PRC) para que su contenido armonice con la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
Según reciente anuncio del alcalde Joaquín Lavín y del ministro Cristián Monckeberg, en el área verde de 4 hectáreas, entre las calles Alonso de Córdova, Cerro Colorado y Américo Vespucio Norte, fracción del Parque Araucano, tipificada como tal en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Las Condes, se van a edificar 4 edificios habitacionales de 15 pisos cada uno, cuyos 340 departamentos se arrendarán a familias vulnerables que accedan a los subsidios que otorga el Minvu, lo cual nos parece muy bien. Este valioso proyecto, según dichas autoridades, se enmarca en el plan de integración social y urbana y de acuerdo a la Ley Nº 19.300, deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), contando con su aprobación como requisito para el inicio de obras.
Hay países que en sus legislaciones se contemplan las pensiones mensuales vitalicias para aquellos políticos que han ejercido el honorífico cargo público de presidente de la República. Se justifica ese obsequio con la explicación de que se debe asegurar la dignidad de esos prohombres, también mujeres.