Patricio Herman

El reciente 15 de abril de 2020 la Corte Suprema emitió 4 fallos sobre un decreto de demolición firmado por el Director de Obras Municipales (DOM) de Recoleta que afecta a una torre habitacional de 19 pisos localizada en la calle Dardignac, materia que fue objetada a través de recursos judiciales por la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista ligada a la Universidad San Sebastián.

En Chile todos aquellos que tienen posiciones de poder, tanto político como económico, con expresiones ostentosas se declaran contrarios a la lacra de la corrupción, en circunstancias de que cuando hay que ponerle coto a las ilegalidades que cometen muchos de los más importantes actores de los mercados, no lo hacen por razones de fácil entendimiento. Y aquellos que debieran impartir justicia, en ocasiones, como la que damos a conocer a continuación, miran para el lado con el único propósito de no dejar mal parados a quienes, con “equivocaciones”, obtienen suculentas ventajas económicas en sus proyectos de inversión.

A través del DL 3.500, del mes de noviembre del año 1980, plena dictadura, se estableció a la fuerza de los hechos un sistema privado de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia para todos los trabajadores, salvo aquellos pocos más informados que optaron por quedarse en el sistema previsional público, Instituto de Normalización Previsional (INP), hoy Instituto de Previsión Social (IPS). Quien promovió este radical cambio fue el activo político de ese régimen, José Piñera, el mismo que hace poco tiempo decía en un canal de televisión que su “invento”, por los resultados obtenidos por los afiliados, era un Mercedes Benz, aludiendo al vehículo alemán de óptima calidad.

La AFP Uno, que tiene pocos afiliados, anunció por la prensa que está dispuesta a entregar el 5% de los fondos acumulados a sus clientes que se lo soliciten, como una política solidaria y paliativa con motivo del Coronavirus, lo que ha sido valorado por muchos especialistas y si para ello no fuera necesario que exista una ley, una gran cantidad de afiliados a otras Asociaciones de Fondos de Pensiones, ya estarían solicitando a ellas el traspaso de sus saldos a dicha AFP Uno.

Con el Covid-19, nombre de la pandemia, el mundo está en una grave crisis sanitaria y como una directa consecuencia de ella, de dos situaciones, una mala y la otra buena : 1.- la brutal caída de las bolsas de comercio y 2.- la disminución paulatina de emisiones de contaminantes tóxicos a la atmósfera.

El viernes 13 de marzo recién pasado la tercera sala de la Corte Suprema, rol 6755-2019, emitió un esclarecedor fallo en contra de la Municipalidad de Vitacura porque su Dirección de Obras había otorgado el permiso de edificación Nº 40 del 10 de abril de 2018 a la inmobiliaria O¨Brian S.A. para que ésta construyera un edificio de oficinas en su terreno de la calle General John O¨Brian 2665, sector aledaño al magnífico Parque Bicentenario, en cuyo Plan Regulador Comunal (PRC) se admite solo las edificaciones de viviendas.

Desde hace mucho tiempo en Estrategia y en otros medios independientes estamos acreditando con hechos concretos cómo los grandes empresarios del mercado de Vivienda y Urbanismo se han visto beneficiados con actos administrativos irregulares, con los cuales vulnerando las reglas del mercado, han acrecentado sus ganancias, asunto que no parece importarles a quienes hablan verbosamente de probidad y transparencia.

En ocasiones anteriores nos hemos referido a la casa de veraneo ilegal, que tiene el presidente Piñera en el lago Caburgua, por la cual durante 30 años pagó a la Tesorería General de la República (TGR), conforme al avalúo fiscal determinado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), una insignificante y burlesca suma de dinero asociada solo al terreno rural en donde está emplazada la vivienda. Lo anterior porque ese inmueble no contaba con la correspondiente recepción final de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Pucón.

Hace un tiempo atrás la empresa coreana Hyundai acusó al gobierno chileno de no pagarle una suma del orden de los US$ 300 millones por obras adicionales, ejecutándose en el puente de Chacao, impartidas verbalmente por el MOP, para mejorar ese largo viaducto que unirá el archipiélago de Chiloé con el continente. Recordemos que esta idea fue propuesta en el gobierno de Frei Montalva por el diputado DC de la zona Félix Garay. Este proyecto, bajo la modalidad de suma alzada, luego con un precio fijo de US$ 700 millones, le fue asignado a la empresa a través de un contrato para diseñar y construir el puente.

En los territorios rurales o agrícolas, luego fuera de los límites urbanos fijados en los Planes Reguladores, no está permitido abrir calles, subdividir para construir poblaciones salvo aquellas que sus casas tengan un precio de UF 1.000, admitiéndose como es lógico la edificación de las viviendas necesarias para la explotación agrícola del predio, es decir, la del dueño y sus trabajadores.