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Patricio Herman |
En mayo de 2017 la fundación Defendamos la Ciudad denunció ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) el indebido fraccionamiento del loteo Ciudad de Los Valles, comuna de Pudahuel, hábil por no decir mendaz, mecanismo utilizado frecuentemente por la industria inmobiliaria para eludir que sus proyectos de inversión se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ello conforme al mandato de la letra h) del artículo 10 de la ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.
El gobierno chileno, con mucha palabrería, dice preocuparse con ánimo conservacionista de los humedales, lo que consideramos una mentira más en el ámbito de las políticas territoriales y ambientales y por ello hay que tener presente lo que relatamos enseguida.
Desde hace tiempo estamos publicando columnas de opinión en Estrategia criticando cómo algunos actores de los mercados cometen trampas para obtener ventajas económicas con sus proyectos de inversión. Ahora damos a conocer una lacra que distorsiona el funcionamiento del mercado del uso del suelo.
Como cuestión previa decimos que muchos nos han dicho por qué este columnista es la única persona que sistemáticamente aborda situaciones de prácticas indebidas en la explotación del recurso suelo, contestándoles que ello se hace porque estimamos que las leyes siempre se deben respetar, para que así funcione correctamente el mercado, aclarándoles que son considerables los sujetos e instituciones que conocen muy bien a materia, pero que, para no incomodar a quienes tienen el poder económico, han optado con su silencio tolerar sus abusos, pillerías y competencia desleal.
Con motivo de la emisión del permiso de edificación Nº 12, del año 2016, mal cursado por el travieso Director de Obras Municipales (DOM) de Providencia a la inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, una de las más influyentes socias de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), la Contraloría General de la República en su dictamen Nº 37.606, del año 2017 y otros posteriores, le representó a la alcaldesa Matthei el proceder de su subordinado DOM de apellido Ventura, expresándole que como dicho permiso no se ajustaba a derecho, se debían adoptar las medidas conducentes a subsanar la situación, lo que significaba invalidar el permiso.
Se trata de una mega inversión inmobiliaria, conocida como “Territoria Apoquindo”, construyéndose actualmente en un amplio predio conformado por la avenida Apoquindo, El Bosque Norte, Roger de Flor y Encomenderos, sector conocido como El Golf de la comuna de Las Condes.
La Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales nos manifestó que hace un par de días la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano del Senado resolvió, conforme a propuesta del ministro del ramo, Cristián Monckeberg, dejar en nada el proyecto de ley con el nombre bonito y mentiroso de “integración urbana y social”, aprobado por la Cámara de Diputados el 14 de agosto de 2019 con 73 votos a favor, 55 en contra y una abstención.
Con motivo de las masivas expresiones ciudadanas iniciadas el 18 de Octubre en contra del inicuo neoliberalismo en boga, la desigualdad, la falta de transparencia en las actuaciones del aparato público, abusos de privados en sus ofertas de bienes y servicios en los diferentes mercados, colusiones empresariales para cobrar más dinero a los consumidores, financiamiento ilegal de la política, políticos desvergonzados que piden dinero a las grandes empresas para salir electos en las elecciones y unas cuantas más lacras que todos conocemos, por un lado el gobierno con palabras elegantes ha reconocido que las reglas de los mercados han sido superadas y por otro lado las asociaciones gremiales empresariales también se han hecho un mea culpa, según informaciones divulgadas por la prensa.
El nuevo texto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) se publicó el 5 de junio de 1992 en el Diario Oficial, gobierno de Aylwin, y desde esa fecha ha tenido innumerables cambios, casi todos para favorecer a la industria inmobiliaria y por ello se justifica plenamente el estallido social iniciado el 18 de octubre pasado.
Dentro de las justificadas demandas de la sociedad civil que claman por justicia social y por el término de los abusos y corrupción de las minorías de nuestro desigual país, nos encontramos con los elevados sueldos que reciben mensualmente y sin atraso alguno, todos aquellos que se desenvuelven en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.