Patricio Herman



Patricio Herman

Durante la semana pasada se cumplieron los 30 años del derrumbe del muro de Berlín que Alemania Oriental construyó en esa ciudad para que sus habitantes no se trasladaran a Alemania Occidental. Fue exactamente el 9 de noviembre de 1989 cuando el miembro del Politburó del Partido Socialista Unificado (SED), Günter Schabowski, anunció en una conferencia de prensa, retransmitida en directo por la televisión de Alemania Oriental, que todas las restricciones para viajar al extranjero habían sido retiradas, con la estupefacción, al oír ello, de los otros altos dirigentes de ese partido único que lo acompañaban.

Dentro de las justificadas demandas ciudadanas reflejadas en las protestas están las mejoras de los pensiones que se reciben de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) creadas a través del DL 3.500, instrumento legal que ha tenido en democracia varias modificaciones que han favorecido a esa industria y, como contrapartida, perjudicando los legítimos intereses de los afiliados. (sic).

Los dueños de esas viviendas tienen los siguientes beneficios : 1.- Exención del 20% en el pago de las contribuciones de bienes raíces hasta por 20 años.2.- Descuento del 50% al arancel que cobra el Conservador de Bienes Raíces por inscribir su título de dominio.3.- Reducción en la tasa de timbres y estampillas4.- Exención del impuesto a la herencia y donaciones.5.- En caso de venta, la ganancia está libre de impuesto y6.- Rentas que reciben sus dueños por los alquileres, a perpetuidad libres de impuesto.Como hay que entregar datos duros y actualizados para que así los que deciden se atrevan a resolver, el Servicio de Impuestos Internos (SII) en su Oficio ORD. Nº 2493 del 3 de octubre de 2019, conforme a la ley de Transparencia, le informó a quien firma este opúsculo, cuantos regalones tienen registradas allí más de 50 y hasta más de 2.000 propiedades acogidas al aludido beneficio tributario.

La diputada Orsini dijo en un canal de televisión que creía que algunos diputados para sus consumos de drogas tenían relaciones con narcotraficantes, asunto muy grave que fue difundido por toda la prensa. Este columnista estima que la diputada aprovechó el espacio televisivo para estar en primera plana de las noticias y como no dio nombres el asunto quedará en nada, entendiendo que sus colegas difícilmente podrían estar involucrados con esas mafias. Pero, a continuación, dando nombres, sí se evidencia la falta de transparencia y negligencia de estos parlamentarios.

Desde hace algunos años la ciudadanía está más informada y por ello ha estado haciendo valer sus derechos urbanos en las instancias administrativas y judiciales, pues muchos actores inmobiliarios han obtenido, de parte de las Direcciones de Obras Municipales (DOM), innumerables permisos de edificación contrarios a derecho, lo que ha significado la emisión de unos cuantos de dictámenes de la Contraloría General de la República y fallos de la Corte Suprema, que han establecido las ilegalidades de esos permisos. El caso más bochornoso es el conocido como los guetos verticales edificados con aproximadamente 60 permisos ilegales en la comuna de Estación Central.

Como consecuencia de las demandas ciudadanas de la comuna de Ñuñoa, el alcalde Zahri tomó la razonable decisión de modificar el otrora permisivo Plan Regulador Comunal (PRC), reduciendo y por lo tanto perfeccionando en función de las comunidades, las normas de edificación en dicho instrumento urbano en algunos sectores. Ese cambio está vigente desde el 30 de agosto de 2019, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial.


Todos sabemos que el 14 de agosto pasado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley denominado eufemísticamente de “integración social y urbana” pero que en realidad es un vulgar traje a la medida de las más poderosas inmobiliarias del país, es decir, las que tienen capacidad económica para adquirir terrenos que se someterán a mejoras urbanísticas decididas discrecionalmente, ya sea por el ministro de Vivienda y Urbanismo, su Seremi y por el jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) de ese ministerio. Vemos entonces que las reglas del juego contenidas en todos los Planes Reguladores Comunales serán letra muerta por resoluciones absolutamente centralistas y autoritarias.

La Ley General de Urbanismo y Construcciones dice que “El Secretario Regional de Vivienda y Urbanismo podrá, fundadamente y con auxilio de la fuerza pública, si fuere necesario, ordenar la paralización y, por resolución fundada, la demolición total o parcial de las obras que se ejecuten en contravención a los planes reguladores o sin haber obtenido el correspondiente permiso municipal, con el solo informe del Director de Obras Municipales respectivo, quien deberá emitirlo dentro del plazo máximo de 15 días.

Vecinos de Peñalolén nos entregaron documentos oficiales asociados a un megaproyecto inmobiliario que se desea ejecutar en diversos lotes resultantes de sucesivas subdivisiones de la Parcela N° 10, del ex fundo Quebrada de Macul. Esta iniciativa la impulsa Jorge Peña Vial consistente en 18 edificios habitacionales entre 11 y 15 pisos cada uno y un centro comercial, con una superficie total a edificar de 322.547,1 m2, cuya inversión representa 258 millones de dólares.

Mis sinceras felicitaciones al canal de televisión Meganoticias Reportajes por haber entregado una completa y confirmada información con título “Ejército ganó millones de dólares por arriendo de propiedades fiscales”, las que se observan en un oficio emitido por el Ministerio de Defensa a la Cámara de Diputados, en el que se detalla una larga lista de propiedades bajo la categoría de Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), administradas por el Comando de Bienestar del Ejército, que han sido vendidas o arrendadas y cuyas ganancias, según los denunciantes, uno de los cuales es este columnista, no van al Fisco, sino a las cuentas institucionales.