Patricio Herman

El proyecto de ley denominado eufemísticamente de integración social y urbana, redactado por el Minvu, para apoyar la actividad inmobiliaria en ciertos polígonos de todas las ciudades del país, se iba a votar en la sala de la Cámara de Diputados hace unos días atrás pero como su promotor no contaba con los apoyos parlamentarios necesarios, retiró su suma urgencia para analizar la forma cómo plantearlo

Leímos en el diario La Tercera del domingo 04/08/19 la carta "Un conflictivo informe" firmada por Patricio Gross, Javiera García y Francesco di Girolamo, denunciando que un abogado que se desempeña actualmente como abogado integrante de la Corte Suprema y ex ministro titular de la misma instancia judicial, haya elaborado un Informe en Derecho a favor de una inmobiliaria que obtuvo un permiso de edificación cuestionado por los vecinos del barrio Américo Vespucio Sur y Renato Sánchez, comuna de Las Condes, ello pues el caso deberá ser resuelto por la misma Corte Suprema.

En el programa Informe Especial del canal TVN que vimos en la noche del domingo 28 de julio, la valiente periodista Paulina de Allende Salazar mostró en cámara como algunos de los particulares más poderosos y frescos que viven en las comunas top se las arreglan, a través de artilugios que este columnista conoce desde hace muchos años, publicándolos en medios de prensa digitales no capturados por los grupos económicos. Fue sano para la transparencia que ese canal se haya atrevido a decir lo que siempre el establishment por conveniencia ha mantenido escondido.

En oficio Nº 1449 del 21 de febrero de 2019 la alcaldesa (S) de Providencia, Patricia Caballero, le responde al arquitecto Esteban Montenegro que la Dirección de Obras Municipales (DOM) había aprobado el 29 de octubre de 2018 un anteproyecto para construir un edificio en altura de 7 pisos sobre los predios que enfrentan “la calle Toledo Nº 1950-1960-1966”, sin indicarse la categoría exacta, según las reguladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que tiene esa vialidad en el Plan Regulador Comunal (PRC) de Providencia. Tampoco la alcaldesa (S) señaló el nombre de la inmobiliaria.

Quien firma esta columna sabe que los grandes empresarios inmobiliarios tienen como motivación esencial en sus proyectos de inversión la acumulación de riqueza y para ello utilizan cualquier resquicio o fórmula interpretativa para obtener ventajas, práctica que tiene el rótulo de “agresividad” en la explotación del recurso suelo.

Leyendo ciertos documentos oficiales pudimos saber que desde el año 1970 se está abordando el tema de la mala calidad del aire en Santiago y mediciones efectuadas entre los años 1977 y 1980 determinaron que el llamado smog en esa época superaba en 4 veces los límites permisibles.

El gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), envió a la Contraloría General de la República, más adelante la Contraloría, el Decreto Supremo (DS) Nº 14 de fecha 18 de abril de 2019, firmado por el presidente Piñera y el ministro Monckeberg, instrumento que intentaba modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) buscando que el ente fiscalizador tomara razón del mismo.

Todos conocemos el burlesco episodio de las viviendas de Piñera en el lago Carburgua, por las cuales durante muchos años no pagó contribuciones de bienes raíces. Sus abogados manifestaron que recién el año en curso don Sebastián supo que debía cumplir con este tributo y al respecto recapitularemos, diciéndole qué tiene que hacer para pagar contribuciones de muy reducida cuantía.

Desde hace años estamos criticando a la poderosa y muy influyente industria inmobiliaria porque en su búsqueda de hacer más rentables sus negocios, a través de sus asociaciones gremiales empresariales tienen totalmente capturado al enclenque Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), al cual el gobierno le quiere cambiar el nombre a Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio, fusionándolo con el Ministerio de Bienes Nacionales, con algunos propósitos razonables, pero con descabelladas fórmulas para que los inversionistas privados puedan ejecutar sus proyectos inmobiliarios en terrenos fiscales siempre y cuando un cierto porcentaje de las viviendas a construir estén catalogadas con el nombre de integración social.

Conocimos el dictamen Nº 23752 del 9 de julio de 1998 emitido por la Contraloría General de la República, respondiendo un requerimiento del Ministerio de Bienes Nacionales, en el cual se estableció con suma claridad que la facultad de asignar bienes raíces fiscales a los patrimonios de afectación de los servicios de Bienestar de las FFAA, contenida en un artículo transitorio del DFL Nº 1 de 1971, del Ministerio de Defensa Nacional, se encuentra extinguida y como ese organismo fiscalizador había tenido antes un comportamiento zigzagueante sobre este asunto, el contralor de entonces, don Arturo Aylwin, se vio en la necesidad de expresar al final del dictamen que "se deja sin efecto toda jurisprudencia contraria al presente dictamen".