Buenas prácticas de gobernanza que podríamos importar

Nuestra economía es de las más abiertas del mundo, pero no hemos hecho el mismo proceso de apertura en cuanto a nuestra cultura política e institucional. Miramos y tratamos de seguir las recomendaciones o parámetros de buenas prácticas de la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, Basilea, la OMC, la CEPAL, etc. Nos entusiasmamos cada febraro con el Foro de Davos del World Economic Forum y el Chile Day. Está muy bien. Todo ello nos ha servido sin duda para que nuestro sistema económico sea mejor, funcione razonablemente bien y la relación con la economía y las finanzas globales haya contribuido en las últimas décadas a un destacable crecimiento del país, con repercusión en políticas sociales reconocidas mundialmente.

Si miramos a los países europeos, más cercanos a nuestra historia y valores, los más adelantados del viejo continente, tienen una mayor simetría entre economía y política. La cohesión económico y social, uno de los paradigmas de la integración europea, se acompasa con el funcionamiento de las instituciones politicas. Si bien de todas formas hay reclamos ciudadanos por más democracia y accountability, uno de los elementos centrales del estado de derecho, el control cruzado y trasparente a los gobernantes funciona y genera exigencias de probidad, pero también de idoneidad para ocupar responsabilidades en las diversas instancias del estado.

Consciente de las diferencias entre los sistemas parlamentarios, o semipresidenciales, europeos y nuestro presidencialismo, que permiten un mayor papel del parlamento en los nombramientos y el control de la gestión del gobierno, hay ciertas buenas prácticas que aún manteniendo nuestro sistema, podríamos adoptar, para que los ciudadanos se sientan más empoderados institucionalmente y se recupere el valor de la política.

Tres ejemplos: uno, en el Reino Unido el jefe del gobierno debe someterse casi semanalmente a las interpelaciones de los parlamentarios, y hace pocos días, ante el intento de Boris Johmson de suspender el Parlamento para sustraerse a este control y seguir adelante con su plan del Brexit, ha sido el Tribunal Supremo quien ha dictaminado que el gobierno está sometido a la soberanía polular que radica en el Parlamento, y ha vetado la medida de Johnson. Esto no quiere decir que el gobierno lo ejerzan los diputados, sino que el ejercicio de la función ejecutiva debe estar siempre, y de manera expedita, en manos de quienes responden a la soberanía popular.

Dos: en España, el encargado por el Rey de formar gobierno luego de unas elecciones generales, debe someterse a una o varias sesiones de investidura ante el Congreso de los Diputados y necesita la mayoría para ser investido como presidente del gobierno. Esta vez no le ha sido posible a Pedro Sánchez conseguir esa mayoría, y deberá ir a nuevas elecciones y tratar luego de conseguir esa mayoría. Pero no sólo eso, el presidente del gobierno que haya sido aprobado por el Congreso, debe asistir regularmente a las sesiones, puede ser interpelado y está obligado a respondar a toda pregunta que se le formule. Y una vez al año, debe concurrir a una sesión especial de control, llamada “Debate sobre el estado de la nación”, que no es una simple concurrencia del jefe de gobierno a dar un discurso ante el Congreso, sino que es una larga sesión de dos o tres días, en que se realiza efectivamente un debate a fondo y un cuestionamiento desde las bancadas políticas a la gestión del gobierno, con un ejercicio dialéctico intenso entre diputados y gobierno. Aparte de esto, está, como en todos los sistemas europeos, la moción de censura, un mecanismo para ratificar o poner término a un gobierno, que se usa en casos extremos y no implica nuevas elecciones.

Y tercero, lo que parece ser más incisivo aún en el sistema de control político, ha sido lo que ocurre con la formación del gobierno de la Unión Europea, un órgano supranacional, la Comisión Europea, compuesta por una presidencia y 28 comisarios (ministros). En abril pasado hubo elecciones al Parlamento Europeo y se debe formar el nuevo gobierno comunitario. En esto, la UE ha dado una muestra de que las instituciones comunes responden a la lógica democrática y del accountability, ya que desde el Tratado de Lisboa cada nueva Comisión Europea debe someterse a dos examinaciones para ser ratificada: cada futuro comisario (ministro europeo), individualmente, propuesto por la presidencia de la Comisión (que a su vez requiere ser aprobada por los diputados), es chequeado primero exhaustivamente por el Comité de Ética, y luego se somete a un exhaustivo y profundo interrogatorio de tres horas por el pleno del Parlamento Europeo. En este proceso, ya han sido rechazados los candidatos de Rumanía, Hungría y Francia. El Parlamento Europeo además, debe realizar una suerte de "investidura" a la nueva Comisión Europea, con la potencialidad de ser rechazada. Con esto se aseguran probidad e ideoneidad.

Deberíamos tener el mismo interés en situarnos dentro de los más avanzados parámetros políticos a escala mundial, y por ello, muy conveniente sería importar y adaptar este tipo de ejercicios a nuestros sistemas políticos en América latina. 

Héctor Casanueva

Académico de las Universidades Miguel de Cervantes, Alcalá de Henares y

Nacional de Estudios Políticos y Administración de Rumanía. 

Ex embajador de Chile y Director del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia.