Herman y proyecto de viviendas integradas: se propició un caldo de cultivo para la corrupción

Patricio Herman, presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, se refirió a “la derrota del gobierno respecto del proyecto de ley del Minvu sobre las viviendas integradas, teniéndose en cuenta el DS Nº 56 del 10/07/19, cuerpo reglamentario ligado íntimamente a ese frustrado proyecto de ley”, acotó el profesional.

A través de una declaración, comentó que “debemos recordar que la potestad reglamentaria, entendida como aquella que fija normas que afectan a los particulares, como lo son las de urbanismo y construcciones, no son delegables, en virtud de los artículos 32, N° 6 y 35, de la Constitución Política, criterio que ha sido sustentado invariablemente por el Tribunal Constitucional, como por ejemplo, en sus sentencias Rol N° 153 de 1993 y N° 591 de 2006.”

Sin embargo, precisó, “el DS 56 (Minvu) de 2019 y el proyecto de ley sobre integración social y urbana, lo sustraen de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, para delegarlo indebidamente al Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante una simple resolución administrativa, lo que ilustra la inconstitucionalidad de ambas iniciativas.”

Herman indicó que “además de la inconstitucionalidad de tales iniciativas, lo más grave es el hecho de propiciar un caldo de cultivo para la corrupción (colusión pública-privada) por la vía de fijar normas urbanísticas, por parte de funcionarios administrativos, de manera discrecional, alterando sensiblemente las normas de edificación de los Planes Reguladores Comunales e Intercomunales, por lo tanto generando distorsiones en el mercado del precio de los suelos.”

De esta forma, concluyó que “si en verdad importa el principio de probidad, del cual tanto se habla en Chile aunque no se practique y el respeto por la Constitución Política vigente, los diputados debieron haber ejercido sus roles fiscalizadores presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra del DS N° 56 del 10 de julio de 2019, teniéndose presente que este instrumento trucho, sin ley alguna, ya hizo operativo en la práctica semejante mecanismo indebido para fijar las normas urbanísticas de manera discrecional, creando un germen grave de iniquidad en la actividad inmobiliaria.”

En tal sentido, subrayó que “el problema que a es que el plazo de 30 días, que tenían los diputados para accionar en tal sentido, vence el 10 de agosto de 2019 y por ello tendrá que ser el propio ministro Cristián Monckeberg quien, motu proprio, deberá derogarlo y si no lo hace, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados tiene la tarea de actuar pronto, citándolo para les explique cómo se resolverá el problema. “