Patricio Herman

Con el único propósito de ponernos serios, instamos a los gobernantes, poder ejecutivo y poder legislativo, para que, sin más trámites burocráticos, deroguen el burlesco DL 3.516 e interpongan acciones judiciales en contra de los “emprendedores” que ejecutan loteos brujos, pues con sus existencias los únicos perjudicados son las familias de mínimos recursos monetarios. 

Como el riesgo es que estemos ante un nuevo perdonazo por parte del Estado, será necesario que se conforme en la Cámara de Diputados una Comisión Investigadora, la que debería citar a todos los funcionarios públicos que conocen el engaño e invitar a los dirigentes de los grupos ciudadanos de Estación Central quienes, desde hace años, están denunciado la existencia de esos permisos.

Tanto la fea playa de estacionamiento que no quieren devolver los parlamentarios, como el edificio del ex Congreso Nacional forman parte de la Zona A del Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago, donde está expresamente prohibido el uso de suelo de estacionamientos comerciales en sitios eriazos.

La industria inmobiliaria ha estado intentando por todos los medios posibles que los permisos cursados por las municipalidades, tanto legales como ilegales, sean considerados como derechos adquiridos de “buena fe”, luego como actos bendecidos por un soberano iluminado, aunque todos sabemos que en las Direcciones de Obras es muy fácil “equivocarse” para otorgar permisos de edificación con normas contrarias a derecho que entregan privilegios normativos a sus titulares.

Lo peor que podría suceder es que doña Virginia, mal asesorada por sus colaboradores inmediatos, continúe con el brutal desacato, pero como cabe la remota posibilidad de que, aunque tarde, ella enmiende el camino, posiblemente el Estado de Derecho se hará presente entre agosto y septiembre próximos en esa ex ciudad jardín.

Todavía es tiempo para que el ministro Monckeberg llame a sus colaboradores con el fin de ordenar la casa con una ocurrente ley express y así evitar males mayores, sin perder de vista, en todo caso, que los asuntos del territorio no les interesa mayormente ni a los agentes públicos ni menos a los partidos políticos,

Ambas instancias superiores, enfatizando la mayor jerarquía de la ley sobre la OGUC, han declarado tajantemente que solo los anteproyectos o permisos de edificación efectivamente aprobados por la autoridad competente sobre predios afectos a utilidad pública, pueden generar actividades inmobiliarias.

Como los tribunales de justicia no se prestan para validar arreglines público-privados, la Corte de Apelaciones rechazó por extemporáneo el recurso de la inmobiliaria, la que, “por si acaso” elevó los antecedentes ante la Corte Suprema, cuyos magistrados en agosto de 2017 confirmaron el rechazo de la instancia judicial anterior.

Observamos que Matthei apuntala a su Director de Obras y que los dictámenes de la Contraloría serán obedecidos por ese municipio tan solo a partir del presente mes de junio de 2018, luego con efecto retardado. Curiosa decisión de la alcaldesa.

En Chile los empresarios astutos ganan más plata que los empresarios que se enmarcan en las reglas del juego, configurándose así una competencia desleal que socava al sistema, lo que parece no interesarle en lo más mínimo a las asociaciones gremiales empresariales como tampoco a las autoridades del Minvu, todos los cuales conocen a cabalidad esta grosera pillería.