Gonzalo Islas

Nos acercamos a la mitad del mandato del Presidente Boric, buen momento para realizar una evaluación parcial del desempeño del equipo económico.

A principios de marzo comenzó el trabajo de campo del Censo de Población y Vivienda, el cual se extenderá hasta junio.

Los censos son una herramienta importante para el diseño de las políticas públicas, ya que es una guía clave para la detección de necesidades y distribución de recursos, pero también nos permiten desarrollar una mirada de largo plazo de nuestra evolución como país. En Chile tienen una larga historia que viene desde los tiempos de la colonia. En 1813 se trabajó en el primer censo nacional independiente, el cual no tuvo cobertura completa. El primer levantamiento con alcance nacional se realizó en 1835, dando inicio a una secuencia que se mantiene hasta hoy.

El IPC de enero de 2024 no solo sorprendió al mercado con una inflación mayor a la esperada, sino que, además, incluyó una segunda novedad: se trata de la primera medición utilizando la nueva canasta representativa de bienes y servicios construida por el INE.

La noticia sorprendió y también decepcionó. El Imacec de diciembre mostró una caída de 1% con respecto al año anterior y una variación negativa de 0,2% para 2023. Esto permite anticipar un crecimiento nulo o negativo para el año pasado, lo que se suma al débil desempeño de la economía chilena el 2022, cuando la tasa de crecimiento alcanzó un 2,4%.

El caso revelado por la prensa de las tertulias entre ministros y representantes empresariales ha vuelto a poner en la discusión pública la relación entre los intereses empresariales y el sector político.

Los años 80 son conocidos como “la década pérdida” para las economías de América Latina. La crisis de la deuda, que llevó al default a la mayoría de los países del continente, tuvo un impacto demoledor. En efecto, entre 1981 y 1990 el producto per cápita cayó en un 5%, se registraron altas tasas de inflación, con episodios de hiperinflación en Argentina, Brasil y Perú; retroceso de los salarios reales y aumento de los niveles de pobreza.

“No hay lugar para gradualismos y tibiezas”, la frase del Presidente electo de Argentina, Javier Milei, pone en el centro de la discusión las alternativas de implementación de programas de reformas económicas. 

El juicio a Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, el mercado de criptomonedas que colapsó espectacularmente a fines del año pasado con pérdidas de billones de dólares, mantuvo la atención de los principales medios en EE.UU. durante el último mes. Los testimonios de los distintos involucrados fueron revelando sabrosos y también preocupantes detalles sobre el funcionamiento de estos nuevos mercados y de las cuantiosas pérdidas para los inversionistas.

En 1909 John Moody publicó la primera versión de su “Análisis de Inversiones en Ferrocarriles”, en la cual se analizaban las condiciones financieras de las distintas empresas ferroviarias que emitían bonos en EE.UU. Si bien no era la primera publicación de este tipo, fue la primera en resumir la información de los bonos en un sistema basado en letras, donde Aaa representaba en palabras de su autor “los bonos y acciones de la más alta clase”, y la E a aquellos bonos de empresas en quiebra.

El avance casi en paralelo de tres reformas con efectos en el mercado laboral: la reducción de jornada de 45 a 40 horas, el incremento del salario mínimo hasta $500.000, ambas ya aprobadas por el Congreso, y la reforma previsional que incorpora una cotización adicional de cargo del empleador y que aún se encuentra en tramitación, implican introducir en forma casi simultánea tres elementos que elevan el costo de contratación. ¿Cómo podrían impactar este “triple pack laboral” a la creación de empleo y a los niveles de formalidad de nuestro mercado laboral?