Yendo de la cocina al living
El caso revelado por la prensa de las tertulias entre ministros y representantes empresariales ha vuelto a poner en la discusión pública la relación entre los intereses empresariales y el sector político.
Cabe comenzar señalando que la existencia de diálogo entre ambas partes es necesaria y puede ser muy útil en la formulación de políticas públicas. Pero, como indica la OCDE, aun cuando el lobby puede ser una fuerza positiva en democracia, también puede ser un mecanismo que permite a grupos más poderosos influir en leyes y regulaciones a expensas del interés público. Es por ello que en múltiples países, está sometido a regulación especial.
La relación entre los intereses empresariales y la formulación de políticas ha ido tomando distintas formas a lo largo de nuestra historia. En el siglo XIX, la élite empresarial y política eran en la práctica una sola. Es así como en las listas de parlamentarios, es posible encontrar a la mayoría de los empresarios más destacados del periodo, como José Tomás Urmeneta, Matías Cousiño y Agustín Edwards. Las acusaciones de conflictos de interés no estaban ausentes de los debates parlamentarios.
El desarrollo de las estructuras estatales durante el siglo XX fue danto lugar a distintas formas de relación, pero como han mostrado distintos autores, los gremios empresariales mantuvieron la capacidad de influir a través de medios institucionales como extrainstitucionales. Tal influencia se mantuvo después del golpe militar y el retorno a la democracia.
La Ley de Lobby se aprobó el 2014, después de una tramitación que demoró más de 10 años. Esta busca transparentar la actividad de autoridades y privados en torno a decisiones públicas e igualar el acceso entre diversos actores. Uno de los focos centrales son los mecanismos de transparencia. Entre sus medidas, está la creación de un sistema de registro de las reuniones y audiencias solicitadas por lobbistas y gestores de intereses particulares que tengan como finalidad influir en una decisión pública.
De lo conocido hasta ahora, sabemos que en al menos un par de casos, en las reuniones participaron ministros de estado con representantes de gremios regulados por sus ministerios o sus unidades dependientes. Hasta ahora, se han esgrimidos distintas razones para justificar el no haber informado tales reuniones por medio de los mecanismos señalados por la ley.
Hace algunos años, se popularizó la figura de “la cocina” como metáfora de mecanismos opacos de formulación de políticas públicas. Con la revelación de estas reuniones, queda la impresión de que la cocina se ha reemplazado por el living. Las explicaciones de los participantes, más allá de su sustento jurídico, atentan contra el espíritu de una norma que buscaba, sin impedir que los distintos intereses privados puedan interactuar con la autoridad y exponer sus argumentos y puntos de vistos, igualar el acceso y transparentar los mecanismos de influencia.
Gonzalo Islas,
Decano Facultad de Ingeniería y Negocios,
Universidad de Las Américas
