Germán Pinto

Los organismos internacionales utilizan el concepto “costos de transacción tributarios” para determinar lo que cuesta logra el cumplimiento impositivo en un país, tanto para el contribuyente como para la autoridad fiscal para cobrar o fiscalizar, es decir, considera los costos de pagar y de cobrar tributos.

En la revisión del Gasto Tributario y diseño de una nueva reforma tributaria ha surgido el tema del costo que los contribuyentes tienen que enfrentar para cumplir su imperativo tributario. Según estudios sobre la materia, el 62% de los recursos que se destinan para el cumplimiento tributario se destina a pagar asesores en las microempresas y un 53% para el caso de las pequeñas empresas.

Se ha instalado en nuestro país la discusión sobre la importancia de la filantropía como una herramienta útil para solucionar los problemas sociales. Importantes centros universitarios de estudios así lo han señalado, como también el recién publicado informe de la OCDE titulado “Tributación y Filantropía”.

Dentro del ejercicio que se está haciendo de revisar el Gasto Tributario, que es la cuantificación de la menor recaudación que provocan todas las disposiciones que establecen algún tipo de rebaja en la carga tributaria de determinados contribuyentes, está la evaluación de los aparentes beneficios tributarios que reciben las empresas que realizan donaciones a universidades e institutos profesionales, corporaciones culturales, organizaciones de beneficencia, instituciones deportivas y a partidos políticos.

Dice el dicho popular “a río revuelto, ganancia de pescadores” cuando hay personas que aprovechan el desorden para sacar provecho, que es precisamente lo que estamos viendo en la discusión para aumentar la recaudación fiscal en estos momentos en que necesitamos muchos recursos para poder responder a las ingentes demandas sociales que se han manifestado en los últimos años, y más ahora que estamos con una pandemia que ha minado los ahorros de muchas personas y disminuido el potencial económico del comercio.

El otro día discutía con un amigo sobre la pertinencia de este nuevo 10% de retiro de los fondos de pensiones, el cual es la antesala de un tercer retiro. Yo le manifesté mis aprensiones fundamentado en el hecho de seguir realizando retiros solo redundará en una paupérrima pensión al momento de jubilar. Mi amigo me replicó señalando que ahora, con los fondos que tiene, su pensión sería baja, aplicando lo que ya muchos dicen: con retiro del 10% o sin él, de todas formas, la pensión será poca.

El Gobierno formó una comisión de 16 economistas para proponer una “hoja de ruta” para una futura reforma tributaria, como también para dar respuesta al compromiso tomado con la oposición de revisar las exenciones tributarias.

Para lograr la aprobación de la reforma tributaria de febrero del presente año, el Ministro de Hacienda se comprometió con la oposición a realizar una revisión a las exenciones y regímenes especiales que otorgan una menor tributación a ciertos sectores. Evidentemente, tal acuerdo buscaba concentrar los esfuerzos recaudatorios del Estado en hacer pagar tributos a quienes no lo estaban haciendo en la actualidad.

He escuchado en el paupérrimo debate que se ha llevado a cabo en el proceso constitucional que estamos viviendo, que la desigualdad que Chile tiene se debe al rol subsidiario del Estado que está consagrado en la actual Constitución, afirmación que está en boca de muchos jóvenes. 

Este objetivo se logra a través de la satisfacción de las necesidades de cualquier índole, tanto materiales como inmateriales, para lo cual se necesitan recursos, pues, aunque los jóvenes de ahora - y de todos los tiempos - piensen lo contrario, se necesitan recursos para lograr la satisfacción de las necesidades, cayendo en el palmario dilema que las necesidades son múltiples y los recursos escasos, siendo imperioso la organización y prelación de necesidades y administración de los bienes y servicios.Es por lo anterior que el “rol” es la mención expresa de las herramientas que se ocuparán para tal ejercicio, es decir, la forma como se destinarán los recursos para el logro del Bien Común.