Germán Pinto

Una vez escuché un chiste al ex embajador del Reino Unido en Chile, el señor Jon Benjamin, señalando que los contadores tenemos una aspecto serio y tranquilo porque tenemos un gran “control interno”.   Sin duda que para entender este chascarrillo es necesario haber cursado algunos cursos de Contabilidad, pues el control interno corresponde a una serie de medidas y procedimientos que garantizan el correcto desarrollo de las operaciones de las entidades.

“No quiero llorar miserias ni ser cobarde, pero yo no merecía tu ingratitud…” así comienza una antigua canción que yo conocí a través de la interpretación de Pedro Messone hace muchos años atrás, cuando la música se escuchaba en radios que tenían perillas para cambiar el dial. Esa canción del “neofolklore chileno” trata del reclamo de un amante ante la falta de reconocimiento que le manifiesta su amada. 

Ya comenzada la Operación Renta (O.R.) 2021 surgen las sorpresas por la aplicación de las normas introducidas por la Ley 21.210 sobre modernización tributaria, dentro de las cuales, están las disposiciones para las pymes.

El diputado Giorgio Jackson nos ha sorprendido con una nueva iniciativa que tiene muy buenas intenciones, pero que adolece de sustento técnico y que resultan peligrosa en estos momentos, porque azuza la opinión pública con eslogan como “el sueldo de Chile” y que obligar al Gobierno a que se manifieste respecto a que “las rentas queden a favor de la población o si prefiere que queden en manos de las mineras”. 

Tal como dice el dicho popular: no hay deuda que no se pague… y así ocurre con los beneficios que entrega la autoridad y que tienen calidad de renta. 

El estudio económico que la OCDE elaboró de nuestro país y que fue publicado el 4 de febrero recién pasado destacó la efectividad de las medidas económicas tomadas para enfrentar la pandemia del COVID-19 y también realizó una serie de recomendaciones para modificar el sistema tributario, el cual fue considerado como ineficiente para lograr la redistribución del ingreso y poder garantizar la adecuada protección de los sectores más vulnerables, conclusión que es sabida por todos.

El día 4 de febrero recién pasado fue publicado el último informe de la OCDE sobre la situación económica de Chile en relación a los efectos de la pandemia, como también una evaluación de nuestro sistema tributario y de las medidas que ha tomado la autoridad al respecto, el cual ha sido recibido con reverencial recogimiento por algunas personas que sacralizan las opiniones que esta importante organización internacional emite de nuestro país, dándome la idea que están revitalizado los dichos medievales, generando remozado “OCDE DIXIT”.

Preparándonos para una Operación Renta hemos podido apreciar los formularios que el SII ha preparado para recoger la ingente cantidad de información que la misma ley de “modernización tributaria” ha establecido. Uno de esos nuevos requisitos es la declaración del Capital Propio Tributario Simplificado para todo contribuyente acogido al régimen de Transparencia Tributaria señalado en el número 8 de la letra D del artículo 14 de la Ley sobre Impuestos a la Renta (LIR).

Ya estamos ad-portas de un nuevo proceso de declaración de Operación Renta y estamos apreciando la tremenda carga administrativa que va a conllevar, de acuerdo con el formato del nuevo formulario 22 de declaración de impuestos a la renta anuales y de las declaraciones juradas para los contribuyentes del Impuesto a la Renta de Primera Categoría.

El régimen de renta presunta nuevamente está en la mira del legislador para ser eliminada para lograr una mayor recaudación fiscal para lograr proveer al Estado de los fondos necesarios para cubrir las ingentes necesidades sociales que la población está solicitando y que alimentan los apetitos electorales de varios políticos