Señor director:
Respecto a la iniciativa gubernamental de incluir en la ley de reajuste del sector público artículos que otorgan inmovilidad laboral a personal a contrata y asesores de gabinete —muchos designados discrecionalmente y sin transparencia técnica—, es necesario advertir tres puntos críticos.
Primero, se continúa banalizando el empleo público, tratándolo como un "botín" político a perpetuidad. Segundo, en lugar de una discusión técnica y seria sobre modernización, se actúa de forma apresurada y espuria. Finalmente, se posterga nuevamente el debate urgente que Chile requiere: reformar un sistema que no cumple estándares razonables en su diseño de plantas, selección ni evaluación de desempeño.
El actual esquema de remuneraciones, a menudo desproporcionado frente a la eficiencia real y con bonos pagaderos "a todo evento", convierte al funcionario en parte de un grupo privilegiado ajeno al mérito. La dignidad, estabilidad y carrera funcionaria deben estar estrictamente vinculadas al impacto de su gestión en la calidad de vida de los ciudadanos. Esa, y no el blindaje de cupos políticos, debería ser la prioridad de las asociaciones gremiales y del gobierno.
Eric Latorre
Director Magíster en Administración Pública
Universidad Autónoma de Chile
