Hace algunas semanas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que detectó a 63 contribuyentes que omitieron declarar alrededor de 1,6 mil millones de dólares obtenidos en el extranjero y que, por lo mismo, serán fiscalizados. Paralelamente, se señaló que aproximadamente 25 mil millones de dólares corresponden a capitales chilenos formalmente declarados fuera del país y que sí han cumplido con sus obligaciones tributarias.
Más allá del contraste entre quienes cumplen y quienes incumplen su deber impositivo, lo que más me llama la atención es el volumen de recursos nacionales que se mantienen —formal o informalmente— invertidos en el exterior.
Según datos de diversos organismos públicos, el stock total de capital chileno fuera del país fluctúa entre 130 y 160 mil millones de dólares. Este monto ha tenido variaciones asociadas a expectativas económicas, al impacto del Estallido Social de 2019 y a la incertidumbre política generada durante los procesos constitucionales recientes. Ello plantea una pregunta de fondo: ¿puede el legítimo afán de los inversionistas por optimizar sus retornos y buscar mercados más estables generar efectos relevantes sobre las economías domésticas de la gran mayoría de los chilenos?
La respuesta es clara. Si una fracción significativa de estos capitales se mantuviera en Chile, se transformaría en ahorro disponible en el sistema financiero. Un mayor volumen de depósitos impulsa a los bancos a ampliar su oferta crediticia; y cuando la oferta de crédito aumenta, las tasas tienden a bajar. Tasas más bajas facilitan el acceso al financiamiento hipotecario. Un mayor acceso a vivienda dinamiza la construcción. Una construcción activa reduce la cesantía. Y menos cesantía significa mayores ingresos familiares y menos necesidades sociales insatisfechas. En síntesis, la ubicación del capital no es neutra, pues influye de manera directa en la vida cotidiana.
Por eso, las expectativas se convierten en un factor decisivo. Cuando hay confianza y estabilidad, los capitales regresan, se invierten y generan actividad interna. Pero hoy observamos una masa sustantiva de recursos nacionales posicionados en el exterior, junto con grandes empresas nacionales que están destinando inversiones importantes a países vecinos, como Perú. Esta fuga o desplazamiento de capital no es inocua ya que implica una menor capitalización interna cuyos efectos ya se perciben en el corto y mediano plazo.
Conviene recordar, además, que el 75% de los contribuyentes de los impuestos personales de la renta están exentos debido a su bajo nivel de ingresos. Esto significa que quienes efectivamente poseen capital para invertir representan un grupo reducido, y que las decisiones que ellos toman respecto del destino de esos recursos tienen un impacto desproporcionado sobre la amplia mayoría de personas con menor capacidad patrimonial.
Por esta razón, más que quedarnos únicamente en el asombro por los impuestos no recaudados sobre capitales en el extranjero, deberíamos enfocarnos en cómo crear condiciones y estímulos que favorezcan su regreso e inversión en Chile. Repatriar recursos no solo permitiría ampliar la oferta crediticia y abaratar el financiamiento, sino también abrir oportunidades concretas para que miles de familias accedan a una vivienda y, con ello, revitalizar sectores esenciales de nuestra economía, como el inmobiliario y la construcción.
Espero que la actual administración, y la próxima a dirigir los destinos del país, considere este factor de optimización de fuentes de recursos nacionales, para lograr una eficiente y efectiva reactivación de nuestra economía.
Prof. Germán R. Pinto Perry
Director Programas de Especialización Tributaria
Centro de Investigación y Estudios Tributarios NRC
Universidad de Santiago