Crisis actual del sistema judicial chileno, un remedo de la Titanomaquia
La Titanomaquia es la épica guerra de la mitología griega entre los dioses olímpicos, comandados por Zeus y los Titanes, es decir, la generación divina anterior encabezada por Cronos, tendiente a obtener el dominio del cosmos, consagrándose finalmente Zeus, como el rey de los dioses y del universo.
Esta gesta mitológica nos debe llevar a una necesaria reflexión acerca del escenario actual de nuestro desprestigiado sistema judicial en el transcurso del año 2025 que termina, donde conceptos básicos de pregrado, como lo son la “infalibilidad de los supremos”, “imparcialidad”, “independencia” y “probidad”, parecen letra muerta, contenidos propios de un discurso de trasnoche nostálgico.
Los chilenos hemos podido advertir con estupor, cómo nuestro sistema judicial hoy se encuentra gravemente deteriorado, con el desafortunado actuar, esperemos, de un grupo acotado de personas, quienes habiendo sido investidos de una condición privilegiada en la sociedad, aparentemente se habrían apartado de sus deberes funcionarios, no obstante haber jurado lealtad a sus funciones jurisdiccionales.
El problema radica en el hecho que, tanto persecutores como perseguidos pertenecen a la misma estructura social cuestionada, sin que exista certeza que nuestro sistema judicial será efectivamente reparado por quienes hoy rasgan vestiduras en el contexto de lo que parece más una pugna de poderes entre quienes se encuentran sentados en los confortables sillones del Olimpo, permeando incluso al sector privado, el cual no se rige por los mismos principios y patrones de actuación, siendo el plus de reproche mayor, para quienes ejercen una función pública.
La ciudadanía exige un cambio radical en la forma de asunción de cargos públicos de tal relevancia, que permita la materialización de una real meritocracia y que no se funde en recomendaciones encubiertas y acomodaticias, tal como ha sido develado en los últimos tiempos a propósito de investigaciones criminales, que han impactado a los tres poderes del estado, de manera transversal.
Alguna vez se dijo que los chilenos debemos confiar y por ende dejar que las instituciones públicas funcionen, paradigma hoy fuertemente cuestionado y con razón, siendo un anhelo del ciudadano a pie que, afortunadamente aún existen en el sector público, funcionarios con real vocación de servicio y con las competencias técnicas adecuadas para dar una señal clara y fuerte en el sentido que deben ser drásticamente sancionadas conductas desafortunadas e intolerables, sin distinción, que sólo dañan la credibilidad de nuestro sistema judicial, a fin de contribuir a la paz social, debiendo ser el restablecimiento del equilibrio gravemente quebrantado, un objetivo primordial para este próximo año 2026.
Pablo Larredonda Alcayaga
Abogado penalista, exfiscal del Ministerio Público
Socio Molina Matta y Asociados
