Nuevas propuestas ¿reales cambios?
Con el cambio de administración de Gobierno se abre un nuevo capítulo para el mundo laboral. El presidente electo José Antonio Kast propuso en campaña el “Plan M&M: Más y Mejor Trabajo” donde prometía transformar la forma en que trabajamos y nos protegemos. ¿Qué implica realmente el modelo de indemnización a todo evento que plantea?; ¿Cuáles son sus alcances para trabajadores y empresas?
Por ahora, no está del todo claro si esta iniciativa busca reemplazar el sistema actual de indemnizaciones o si se ofrecerá como una alternativa. En términos generales, la propuesta contempla la posibilidad de que trabajador y empleador acuerden un pacto de indemnización a todo evento, mediante una cuenta individual de ahorro financiado con recursos del trabajador, que coexistiría con el actual seguro de cesantía. Según el “Plan”, el objetivo principal es fomentar la movilidad laboral, impulsar la generación de empleo formal y reducir los conflictos derivados de la terminación de contrato, entre otros aspectos.
Llama la atención que la principal innovación respecto del sistema vigente retome, en cierta medida, lo que ya contempla el Código del Trabajo en su artículo 164 -una regulación muy poco conocida y de escasa utilización- la cual permite que, a partir del séptimo año de relación laboral, las partes acuerden sustituir la indemnización legal por una indemnización a todo evento, aplicable al período posterior a los primeros seis años y hasta el término del undécimo año de vínculo laboral.
Es evidente que nuestro sistema laboral enfrenta tiempos difíciles y que la necesidad de mayor flexibilidad se contrapone con la rigidez que involucra la terminación del contrato de trabajo. La alta judicialización en las terminaciones y la casi imposibilidad de configurar la principal causal de despido con la que cuentan los empleadores “necesidades de la empresa” ha vuelto imperioso replantear el actual escenario laboral.
Mientras los deficientes proyectos de ley que se conocen se centran en continuar rigidizando aún más los requisitos para invocar la causal de “necesidades de la empresa” o eliminar los topes de años de pago de las indemnizaciones, no se conoce alguna propuesta que se haga cargo de los reales problemas que se viven hoy, donde los trabajadores no permanecen en promedio más de un par de años en sus trabajos y las empresas se adaptan todos los días a nuevas tecnologías.
No considero sea un mal inicio el replantearnos un pago indemnizatorio asegurado para todos y de esta forma tal vez ya transparentar que la indemnización se convirtió en un piso mínimo que todos o casi todos merecemos. Pero también urge preguntarnos como resolvemos otras limitaciones del sistema, si en la práctica la causal necesidades de la empresa judicialmente no se sostiene y se suma al hecho de no contar con una alternativa de salida valida respecto a aquellos trabajadores que no hacen bien su trabajo.
Francisca Álvarez
Directora de Servicios Laborales de PwC Chile
