El costo de las salas de clases masivas
Sr. Director,
La discusión sobre la reducción del aforo máximo (ratio) en las aulas, hoy visible en la política educativa de España, debe resonar con urgencia en Chile. La promulgación de la Ley de Inclusión Escolar (2015) y la Ley de Autismo (2023) garantiza la equidad, pero ha complejizado drásticamente la composición del alumnado. Hoy, la diversidad de diagnósticos, como el Trastorno del Espectro Autista (TEA) o las Necesidades Educativas Especiales (NEE), exige una atención individualizada. Esta es imposible de cumplir con el actual límite de 35 estudiantes por sala, una cifra que se distancia significativamente del promedio de la OCDE.
Esto, sumado a la creciente inclusión sin recursos, que sobrecarga al docente, limita su capacidad para realizar adaptaciones curriculares y proporcionar retroalimentación efectiva. Estudios en Chile ya vinculan esta masificación con peores resultados en el SIMCE y mayores brechas de aprendizaje.
La actual caída de la natalidad ofrece una ventana de oportunidad. En lugar de ver la baja de matrícula como un problema financiero, el Estado debe transformarla en una política intencionada para reducir el aforo. Esto protegería el empleo docente y, siguiendo la recomendación de la OCDE, permitiría priorizar una reducción drástica en los establecimientos con mayor vulnerabilidad.
Una menor ratio es un factor de equidad y bienestar. Acompañada de la capacitación docente y la mejora de infraestructura, promueven que la promesa de la Ley de Inclusión se materialice en aprendizajes reales para todos.
Katherine Imas
Secretaria de Estudios de Pedagogía Básica
Universidad Autónoma de Chile
