​El presidente disuelve la cámara baja del Parlamento ante la propuesta de una moción de censura

Los parlamentarios votan una moción de censura contra Rajoelina tras no reconocer la validez del decreto presidencial

La UA rechaza "cualquier cambio inconstitucional de gobierno" y apela a la "contención" y a un "diálogo" para resolver la crisis

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, ha ordenado este martes la disolución de la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento malgache, después de que la oposición anunciara planes para una moción de censura y de que el mandatario denunciara que hay un golpe de Estado militar en marcha para sacarle del poder, motivo por el que se habría trasladado a un lugar "seguro" para seguir al frente del país, dada su negativa a dimitir ante las protestas antigubernamentales de los últimos días.

El decreto de Rajoelina, publicado por la Presidencia de Madagascar en su cuenta en la red social Facebook, recoge la citada disolución tras contactos con el primer ministro y "consultas" con los presidentes de la Asamblea Nacional y el Senado. "Conforme a las disposiciones del artículo 60 de la Constitución, la Asamblea Nacional está disuelta", ha subrayado.

"Ante la situación de urgencia y en línea con las disposiciones de los artículos 4 y 6.2 de la ordenanza 62-041 de 1962 sobre las disposiciones generales de derecho interno y derecho internacional privado, el presente decreto entra en vigor inmediatamente después de su publicación por emisión televisada o por radiodifusión, independientemente de su publicación en el 'Diario Oficial'", ha zanjado.

Asimismo, ha anunciado el nombramiento de Lova Tahina Rajaoarinelina, quien fue asesora del presidente de la Asamblea Nacional, como asesora especial de la Presidencia a cargo de "relaciones con las instituciones", según un segundo decreto, sin que por ahora hayan trascendido los motivos de este nombramiento en plena crisis política en Madagascar.

La decisión de Rajoelina ha llegado después de que 110 de los 163 parlamentarios malgaches firmaran una propuesta para celebrar una moción de censura contra el mandatario, una votación que está ya en marcha con la intención de sacar del poder al presidente, al tiempo que han presentado una petición al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre una posible vacancia por "abandono del cargo".

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Siteny Randrianasoloniaiko, ha rechazado durante la jornada la legalidad del decreto aprobado por el presidente y ha indicado que los parlamentarios han iniciado la votación para la moción de censura al considerar que el mismo no es válido, según ha recogido el diario malgache 'Midi Madagasikara'.

Además, en caso de que el Constitucional valide la demanda por una posible vacancia en la Presidencia, el país se vería abogado a la celebración de elecciones anticipadas en un plazo de entre 30 y 60 días, en medio de unas protestas que siguen activas para exigir la salida del poder de Rajoelina.

RAJOELINA, EN "LUGAR SEGURO"

Por ahora se desconoce el paradero del mandatario malgache, quien a última hora del domingo aseguró haber huido a un "lugar seguro" para proteger su vida, sin confirmar las informaciones que apuntan a que fue evacuado por un avión francés tras semanas de protestas contra su Gobierno por la escasez de agua y electricidad y que se han saldado con al menos una veintena de muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Rajoelina destacó en su discurso que había escapado por temor a un intento de asesinato y alertó de que "es fácil destruir, pero es difícil reconstruir", al tiempo que apeló a una reconciliación nacional y prometió abordar la situación de detenidos "de manera injusta" durante las movilizaciones, según ha recogido el diario malgache 'Madagascar Tribune'. "El camino que elijamos determinará el futuro de nuestra nación", esgrimió.

La situación en torno a las protestas sufrió un giro drástico el sábado, cuando una unidad de élite de las Fuerzas Armadas, el Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), anunció que respaldaba los llamamientos de los manifestantes y la formación de "una nueva fuente de mando militar", en lo que el mandatario describió como una asonada para sacarle del poder.

El CAPSAT, clave para aupar a Rajoelina al poder en 2009 al negarse a acatar las órdenes del entonces presidente del país, Marc Ravalomanana y declarar su apoyo al actual mandatario, escoltó el sábado a los manifestantes para que pudieran acceder a la simbólica plaza del 13 de Mayo de la capital, Antananarivo, a la que no habían conseguido entrar desde el inicio de las protestas.

En este contexto, Michael Randrianirina, un coronel del CAPSAT, ha rechazado este mismo martes en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC las acusaciones del mandatario y ha negado que los militares quieran causar daño a Rajoelina, antes de asegurar que no tienen intención "de tocar ni un pelo de su cabeza".

LA UA ALERTA CONTRA UN CAMBIO "INCONSTITUCIONAL" DE GOBIERNO

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, expresó el domingo su "profunda preocupación" por la situación en Madagascar, después de una reunión de urgencia del Consejo de Paz y Seguridad del bloque continental para abordar la crisis en el país africano.

Youssouf expresó además "el firme rechazo de la UA a cualquier cambio inconstitucional de Gobierno" y reclamó a todos los actores, tanto civiles, como políticos y militares, que "muestren contención y busquen un diálogo dentro del marco constitucional", según un comunicado publicado por la organización.

Por último, el presidente de la Comisión de la UA destacó que el bloque "está preparado, en coordinación con la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) y la Comisión del Océano Índico, para apoyar una solución pacífica, inclusiva y liderada por africanos a la crisis".

Rajoelina, quien obtuvo un nuevo mandato en las controvertidas elecciones de 2023, ha ignorado las demandas de los jóvenes manifestantes para que renuncie a gobernar un país sacudido por varios golpes de Estado desde que obtuvo su independencia de Francia en 1960 y donde los últimos disturbios reflejan profundas frustraciones con el Gobierno, el acceso a los servicios básicos y la corrupción generalizada.