​Subsidios a los combustibles en América Latina

En América Latina, la política estatal de subsidios a los combustibles como el gas, diésel y gasolina, entre otros, continúa siendo uno de los temas más controversiales. Aunque efectivamente estos subsidios buscan aliviar el costo de vida y proteger a los sectores más vulnerables, en la práctica han generado profundos desequilibrios fiscales, distorsiones económicas y efectos políticos contradictorios. Este debate no es nuevo, pero se ha intensificado ante los escenarios recientes, conflictos geopolíticos y presiones sobre las finanzas públicas.

Los subsidios desde una perspectiva técnica, son una intervención del Estado en el mercado que busca modificar los precios vigentes, en algunos casos se lo hace con la finalidad de beneficiar a ciertos sectores sociales vulnerables o sectores productivos. En el caso de los combustibles, esto se traduce en que el Estado asume un porcentaje del costo del producto, permitiendo de esta manera que los consumidores paguen un precio por debajo del real.

Los gobernantes, producto de las presiones sociales al momento de implementar los subsidios, lo justifican a partir de la necesidad de lograr un efecto redistributivo de la riqueza. Una vez que su aplicación permite abaratar el costo y se logra un mayor acceso a un mayor número de personas al gas de uso doméstico, al diésel o a la gasolina de diferentes tipos, a su vez, permite a las familias de menores ingresos cocinar, transportarse y trabajar con mayor facilidad. También se argumenta que estos subsidios ayudan a controlar la inflación, y mantener el costo de vida.

Son diversos países de la región que mantienen estructuras de subsidios, algunas más agresivas que otras. Entre ellos tenemos al Ecuador, país que mantiene aún subsidios al gas de uso doméstico. El diésel, por decisión gubernamental mediante el decreto ejecutivo 126, emitido el viernes 19 de septiembre de 2025, procedió a eliminarlo, por lo que pasó de 1.80 a 2.80 dólares, el galón de 4 litros. Esta eliminación que ha provocado un incremento brusco del precio ha conducido a una crisis política de gran magnitud, con protestas que han paralizado el país y las organizaciones como la CONAIE y otros sectores se han declarado en paralización indefinida, hasta que el gobierno derogue el decreto 126.

La supuesta eliminación de los subsidios ha creado una situación explosiva en el Ecuador, por una parte, la narrativa gubernamental y de sus acólitos como el ex vicepresidente de la República Alberto Dahik, entre otros, abiertamente incondicionales al FMI y su programa neoliberal sostienen que Ecuador desde hace más de 40 años ha subsidiado el Diésel en más de 1.100 millones de dólares por año, basado en el precio internacional de exportación que alcanza los 2,50 dólares.

Expertos serios como el periodista Marcelo Larrea, y varios dirigentes indígenas, basado en los reportes de Petroecuador la empresa ecuatoriana responsable del crudo, sostienen que en el Ecuador no existe el subsidio al Diésel, lo que existe es que el país es petrolero y el costo de producción petróleo es bajo con relación a otros países, por ejemplo, producir un galón de diésel cuesta apenas 1,05 dólares, por tanto reflexionan, “a cuenta de que se pretende que los ecuatorianos debamos pagar 2.80 dólares por galón”, lo cual evidencia una clara subordinación a los importadores, ya que ellos traen el combustible a 2.50, quedándose con una ganancia ahora de 0.30 centavos de dólar por galón, en perjuicio a la población ecuatoriana.

El gobierno además sostiene en su narrativa que el aparente subsidio que ya fue quitado, beneficiaba a los ricos y a las bandas de delincuencia organizadas que operan en la minería ilegal y a los contrabandistas, posiblemente así es, pero si esto es de conocimiento gubernamental, lo ideal es combatir el ilícito con la fuerza del orden, quienes deben cumplir su tarea y no elevar el precio del diésel de 1,05 que cuesta producirlo a 2.80 que cuesta en el mercado en este momento y se estima que para finales de 2025, el precio bordeará los 4,00 para equipararlo con el precio internacional. Lo cual es un asalto a mano armada a la economía popular.

Haciendo una metáfora: si un productor tiene plantaciones de naranja y por tanto cosecha muchas naranjas, es justo que sus hijos coman naranja sin pagar o quizás pagar poco. La teoría gubernamental entonces sería que sus hijos paguen el precio que se vende la naranja en el mercado, más incluso lo que vale la naranja en el mercado internacional, y como no lo hacen, ellos consideran que esto es un subsidio, lo cual no tiene pie ni cabezas y es, por tanto, una locura. Es exactamente el caso de Ecuador.

Otros de los países que ha subsidiado los combustibles es Venezuela, este país ha sido el paradigma. Por años, la gasolina fue prácticamente gratuita, y aún el país mantiene precios artificialmente bajos respecto al mercado internacional. Obviamente, esto se debe a la enorme cantidad de petróleo que extrae Venezuela, por tanto, si el petróleo deja tanta riqueza y Venezuela en muy rica en petróleo, lo justo es que su población se beneficie.

Otros países que subsidian combustible es Bolivia y lo hace fuertemente con el gas licuado de petróleo (GLP) y controla los precios de los hidrocarburos. Esta política, asociada al discurso de soberanía energética, ha tenido respaldo social. México reintrodujo subsidios indirectos a través de estímulos fiscales, especialmente para evitar que el precio de la gasolina se dispare. Argentina, según información a la que se tuvo acceso, tiene también una rica historia de subsidios cruzados y controles de precios, mantiene un esquema complejo de intervención en el mercado energético, especialmente en el gas natural.

Los subsidios a los combustibles, no es por tanto un problema de Ecuador, existe en otros países. Además, mediante evidencia empírica se demuestra que en Ecuador no existe tal subsidio, lo que sucede es que es un país petrolero y además extraer petróleo es barato, lo que por justicia hace que sus ciudadanos se beneficien y si al momento la producción petrolera ha caído, la solución es producir más, implementar mayor tecnología de punta para extraer más crudo y potenciar las refinerías para refinar el combustible en Ecuador y no tener que importarlo. Además, si se roban el combustible, tal como es la narrativa gubernamental, lo que hay que hacer es diseñar una política de control para evitar la fuga del combustible. Hacer esto es lo correcto, pero sería un golpe para los importadores, que verían reducir sus altas ganancias.

Félix S. Pilay Toala

Profesor Universitario

Escritor, Analista económico y político

Doctor, Economista, Magister en Administración Pública.

Presidente, RED ICALC, (Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe).

Director de la Revista Científica “RedCiencia360”

Pilayfelix071@gmail.com