Félix Pilay

El reciente incidente en el que la policía ecuatoriana ingresó a la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas Espinel, ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión la diferencia entre un delito político y un delito común, a partir de los tratados internacionales, que regulan el Asilo Político como mecanismo de protección a extranjeros que sienten que sus derechos están siendo vulnerado en su país de origen. Desde esta perspectiva es crucial comprender estas distinciones, ya que pueden tener repercusiones significativas en la estabilidad política y económica de una nación.

Muchas naciones, históricamente has dependido de préstamos internacionales y nacionales y de empréstitos para supuestamente financiar su desarrollo y cubrir su enorme déficit presupuestario y lo que observamos al final de cada crédito recibido, es el incremento de la deuda, por efecto de las altas y usureras tasas de interés, malos y corruptos manejos económicos y crisis financiera.

Llama la atención en grado superlativo al conjunto de los ecuatorianos el escuchar por diferentes medios de comunicación, nacionales, regionales y locales (periódicos, televisión, plataformas, redes sociales) el anuncio que hiciera en días pasados a viva voz el presidente de la República Daniel Noboa, que en lo que va de su gobierno y producto de las leyes aprobadas, específicamente la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que fuera aprobada en tiempo récord por la Asamblea Nacional y publicada en registro oficial el 20 de diciembre de 2023, que se ha logrado incorporar al mercado laboral 63.890 puestos de nuevos empleos para jóvenes.

Ecuador, se prepara para el 21 de abril de 2024, asistirá una vez más a las urnas y esta vez para pronunciarse por sí o por el no, en un cuestionario de 11 preguntas de las cuales 6 se relación con la consulta popular y 5 con el referéndum. El proceso democrático que se avecina tendrá lugar en medio de un acalorado y turbulento panorama económico y político, en donde los resultados que se obtengan podrían acarrear profundas implicaciones para el futuro inmediato de la nación sudamericana.

El alza en los impuestos, fundamentalmente el IVA, afecta a la economía dolarizada, dicen los economistas independientes del Ecuador, por ello recomiendan que tal medida, sea cuidadosamente evaluadas para evitar detener el crecimiento económico y el bienestar ciudadano.

En Ecuador la discusión de los sectores sociales, el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional, al momento se centra si se eleva el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o no. Todo comenzó el 11 de enero de 2024, cuando el gobierno del presidente Noboa, envió a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente, la “Ley Orgánica para enfrentar el Conflicto Armado Interno”, mediante la cual se propone modificar el artículo 65 del Régimen Tributario Interno, (RTI) que señala que, el IVA que actualmente es del 12% pasa al 15% partir de la aceptación del organismo legislativo y su promulgación en el Registro Oficial.

Ecuador, en los últimos días ha ocupado las primeras planas en los rotativos mundiales, debido a la decisión tomada por el presidente de la República Daniel Noboa, quien mediante el Decreto Ejecutivo No. 111, del 9 de enero de 2024, reconoció la existencia del conflicto armado interno, con lo cual le dio mayor realce al Decreto Ejecutivo No. 110 que declaraba estado de excepción, expedido el 8 de enero de 2024.

En algunos países de América Latina y el Caribe, el sector laboral ha inicio de enero de 2024 ha experimentado un incremento en el salario mínimo, mientras que para otros aún no se ha concretado y se anuncian incrementos progresivos y para otros países simplemente no tendrán tal incremento, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el escaso incremento evidencia pérdida recurrente en el poder adquisitivo de los trabajadores, más por las altas tasas de inflación y las del interés.

El jueves 14 de diciembre de 2023, no fue un día como cualquiera, fue un día en donde la población amaneció alarmada por las insistentes noticias por los diversos medios de comunicación en donde se daba cuenta de una enorme redada realizada a escala nacional para capturar a personas involucradas, según se ha dicho en “delincuencia organizadas”; la operación estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado, en la persona la Fiscal Diana Salazar, en donde se realizaron 75 allanamientos y participaron 900 operadores de justicia.

La ley en materia tributaria, según el mandatario busca generar empleo formal o empleo adecuado que implica que los nuevos empleos que se creen, gozarán de los beneficios de ley, como salario fijo, afiliación a la seguridad social, los décimos amparados en la ley del trabajo, entre otros, para ello, se busca mediante incentivos fiscales al sector empresarial para que generen empleo joven y atraer inversión privada interna y externa.