Dipres publica informe de evaluaciones de cara al Presupuesto 2026

A solo unas semanas de la presentación del proyecto de ley de Presupuestos 2026, la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó los resultados de las evaluaciones que finalizaron durante el año en curso. El informe contiene un resumen de las 20 evaluaciones realizadas considerando más de 100 programas públicos, y que fue enviado a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, cumpliendo así con el compromiso asumido con el Congreso.

Del total de evaluaciones concluidas, ocho obtuvieron resultados mixtos, medios o positivos; mientras que once fueron categorizadas con bajo o mal desempeño; y para tres los resultados no se identificaron dentro de una categoría o esta clasificación no aplica. El informe, junto a una descripción general de cada evaluación, incluye los aspectos metodológicos considerados, los principales resultados y recomendaciones para cada programa.

Los programas que son evaluados ex post surgen de la propuesta de un comité interministerial integrado por las carteras de Economía, Desarrollo Social y Familia y Dipres. Esta recomendación se realiza a partir de las alertas levantadas por el monitoreo de programas públicos, que revisa cerca de 700 iniciativas cada año y selecciona a aquellas que presentan hallazgos reiterados o dudas respecto de sus resultados. El objetivo de las evaluaciones es entregar insumos para mejorar el desempeño de los programas, por lo que es esperable que varias iniciativas presenten debilidades en sus desempeños.

Las evaluaciones ex post que desarrolla la Dipres están organizadas en cuatro líneas evaluativas. Este año, finalizaron ocho evaluaciones de programas gubernamentales (EPG), cuatro evaluaciones focalizadas de ámbito (EFA), dos evaluaciones sectoriales (ES) y seis evaluaciones de impacto (EI). Estas líneas utilizan diferentes metodologías y sus resultados tienen énfasis en distintas dimensiones de los programas, iniciativas o políticas públicas evaluadas, y constituyen el ejercicio evaluativo más grande a nivel gubernamental, con más de treinta años de historia. Los resultados de estas evaluaciones son utilizados para apoyar las decisiones presupuestarias, lo que en este caso se verá reflejado en el proyecto de ley de Presupuestos 2026 que ingresará el 30 de septiembre al Congreso.

Además, por segundo año consecutivo, las evaluaciones de impacto también se clasifican, siguiendo la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de vincular las evaluaciones con las decisiones presupuestarias, algo que la actual administración ha fomentado desde el Sistema de Monitoreo y Evaluación de programas públicos. De este modo, de las seis evaluaciones de impacto finalizadas este 2025, cuatro demostraron resultados positivos o positivos parciales, mientras que solo una obtuvo resultados mixtos y otra no obtuvo resultados identificables.

Al respecto, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, destacó que "toda la información generada en este proceso es evidencia para la toma de decisiones en diferentes niveles. Contribuye a mejorar la oferta pública que el Estado, a determinar los montos de recursos asignados, a aumentar la transparencia y a mejorar la planificación presupuestaria", afirmó, añadiendo que "tenemos la seguridad que toda la evidencia generada contribuye a mejorar el rol del Estado de cara a la ciudadanía, sobre todo ad-portas de la presentación de un nuevo proyecto de ley de Presupuestos. Esta propuesta va a ser, con toda certeza, la que ha tenido una mayor incidencia de las evaluaciones en la asignación de recursos desde que este sistema comenzó a implementarse".

Los instrumentos de la evaluación ex post son un componente central del Sistema de Monitoreo y Evaluación que administra la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dipres, que en Chile se ha consolidado como el más avanzado de América Latina y que se ha constituido entre los países de la OCDE como un ejemplo internacional de buenas prácticas. Este sistema provee información de desempeño para la toma de decisiones durante el ciclo presupuestario, mejorando la eficiencia en la asignación y en el uso de los recursos públicos, y con ello la calidad del gasto y la gestión de las instituciones públicas.