Financiamiento para más y mejor infraestructura
En medio de la campaña electoral, resulta indispensable no perder de vista los grandes desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno. Por eso, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) elaboró un informe con 36 propuestas a los candidatos/as presidenciales en materia de infraestructura, el que incluye un ámbito clave: el financiamiento.
La propuesta hecha en el informe contempla la necesidad de contar con una regla fiscal específica para la inversión pública en infraestructura. Hoy, el financiamiento de obras estratégicas se encuentra sometido a la disponibilidad anual de recursos fiscales, lo que limita la capacidad del Estado para planificar con visión de largo plazo y genera una alta vulnerabilidad ante ciclos económicos adversos. Chile invierte, en promedio, un 2,1% del PIB en infraestructura pública, una cifra insuficiente si se compara con países que han superado la trampa del ingreso medio, en que llegan al 5%.
Esta regla fiscal otorgaría estabilidad y crecimiento sostenido a la inversión, incorporando criterios técnicos, territoriales y de equidad. También permite que, más allá del ciclo económico, el Estado pueda mantener niveles de inversión adecuados, aprovechando su rol contracíclico para dinamizar la economía, generar empleo y dar continuidad a proyectos críticos para la conectividad, la sostenibilidad y el bienestar social. Es una medida pragmática, alineada con los principios de responsabilidad fiscal, pero también con la urgencia de un nuevo pacto social y territorial.
La implementación de esta regla exige también fortalecer las capacidades institucionales, establecer mecanismos de evaluación transparentes y una priorización eficiente de los recursos. Pero, sobre todo requiere voluntad política y una visión que entienda la inversión pública como motor de desarrollo. No hay ciudades sostenibles, adaptación climática ni transición digital posible sin una base sólida de infraestructura moderna. Esta regla fiscal no es un lujo, sino una herramienta estratégica.
En paralelo, las recomendaciones a los candidatos/as también abordan la relevancia del modelo de concesiones, el que ha permitido implementar una red vial moderna, nuevos terminales aéreos y servicios relevantes como hospitales, entre otros. Proponemos actualizar este modelo y expandirlo hacia nuevas áreas como infraestructura verde, digital, social y resiliente.
Esto implica mejorar los mecanismos de asignación de riesgo, revisar los incentivos contractuales, simplificar la tramitación de proyectos y fortalecer las capacidades técnicas del Estado. También se requiere una mayor transparencia y participación ciudadana en la formulación y monitoreo de las iniciativas. El objetivo es recuperar la confianza en las asociaciones público-privadas, garantizando que su aporte sea percibido como legítimo, eficiente y al servicio del bien común.
Las propuestas que estamos haciendo buscan precisamente eso: generar un nuevo impulso al financiamiento privado en infraestructura, sin improvisaciones ni retrocesos. La infraestructura del futuro exige modelos colaborativos, con reglas claras, impactos medibles y beneficios compartidos.
Carlos Zeppelin
Director Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
