La senadora Carmen Gloria Aravena, condenó enérgicamente el ataque a un niño de dos años que fue baleado en la cabeza por su propio padre en Temuco y cuestionó que la ley contemple una rebaja de pena en casos de parricidio frustrado, pese a la intención homicida.
A juicio de la integrante de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, “debemos preguntarnos si es razonable que exista una rebaja de condena solo porque el niño logra sobrevivir, aun cuando el acto fue igual de atroz. Como país, debemos avanzar hacia penas más altas y sin beneficios para quienes atenten contra la vida de sus propios hijos”, señaló.
Aravena también exigió que el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en La Araucanía se pronuncie para esclarecer si existían denuncias previas o alertas que no fueron activadas a tiempo.
Al respecto, sostuvo que “la gran pregunta es si había antecedentes en la Defensoría de la Niñez, en tribunales o en las policías que debieron haber activado mecanismos de protección. Aquí no solo estamos frente a un padre imputado, también podría haber un Estado que falló en su deber de proteger a este pequeño. Por eso pido que el Servicio de la Niñez dé explicaciones sobre qué protocolos se activaron o no se activaron”, enfatizó.
La senadora subrayó que este caso debe marcar un punto de inflexión en la protección de la infancia en Chile, porque “no podemos seguir reaccionando solo después de las tragedias. El país necesita leyes más duras, un Estado más presente y una justicia que ponga en el centro la vida y seguridad de nuestros niños”, concluyó.
Finalmente, enfatizó que “estamos frente a un acto de crueldad absoluta. No existe justificación alguna para intentar asesinar a un hijo. Espero que Dios proteja la vida de este niño inocente y que su agresor reciba la condena más dura posible, sin beneficios ni atenuantes”.
Vale señalar que el delito de parricidio frustrado —o consumado, si el menor fallece—es considerado uno de los crímenes más graves en el ordenamiento jurídico chileno, con penas que pueden llegar a los 40 años antes de poder optar a beneficios.
