Eficiencia económica y creación de empleo

El 27 de noviembre de 2023, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa presentó la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Creación de Empleo, al presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) Henry Kronfle, y que tiene el carácter de económico urgente para su aprobación, lo que implica que la entidad legislativa a través de la Comisión de Desarrollo Económico tendrá 30 días a partir de la presentación de la ley para aprobarla y luego pueda entrar en función a inicio de enero de 2024.

Juan Carlos Vega, de profesión agrónomo, quien fuera designado como ministro de Economía y Finanzas, el mismo día que se presentó el proyecto de ley (27-11-2024), de emergencia económica, hizo su aparición junto al presidente Noboa, en un video difundido por las redes sociales, indicando que la situación del país era sumamente pésima y que había recibido la peor caja fiscal de la historia, con apenas un efectivo de 184 millones de dólares en la cuenta única del tesoro.

Llama la atención que, en tiempo record, en un acto de magia y sin mediar auditoría, el flamante ministro de economía y finanzas, anunció que hasta diciembre de 2023 el déficit fiscal llegará a 5.000 millones y una deuda pendiente con el IESS, los GAD y con instituciones proveedoras tanto del sector público como privadas, asciende a 2.872 millones y la deuda externa e interna supera los 63.000 millones de dólares.

El proyecto de Ley urgente cuenta con 82 páginas, 55 artículos, 4 disposiciones generales, 7 disposiciones transitorias, 4 disposiciones derogatorias y 1 disposición final. A decir verdad, no se observa nada de nuevo, ya que las principales propuestas que se exhiben son iniciativas que ya fueron impulsadas y fracasaron en los gobiernos de Corea y Moreno, es más, se consideran que es la versión mejorada de la “Ley Creando Oportunidades o Atracción de inversiones” de Guillermo Lasso.

La ley en materia tributaria, según el mandatario busca generar empleo formal o empleo adecuado que implica que los nuevos empleos que se creen, gozarán de los beneficios de ley, como salario fijo, afiliación a la seguridad social, los décimos amparados en la ley del trabajo, entre otros, para ello, se busca mediante incentivos fiscales al sector empresarial para que generen empleo joven y atraer inversión privada interna y externa.

Se busca también estimular la alianza pública privada, (APP), propuesta similar a la del presidente Lasso, en la ley de “Atracción de inversiones”, que no fuera aprobada por la asamblea Nacional en donde se pretendía privatizar las empresas del sector público, incluido el agua, parques, puentes y todo lo que sea posible privatizar.

Es importante precisar que una ley similar de APP del presidente Noboa, ya fue puesta en vigencia en el gobierno del correato y del morenato, en donde se privatizó una serie de carreteras, varios puertos entre otros. La nueva ley que, de aprobarla la Asamblea Nacional, entraría en vigencia a inicio de 2024, ha provocado que se escuchen pronunciamientos reiterativos de los sectores sociales, que estiman que estarían en peligro de ser privatizadas las empresas de los sectores estratégicos.

Otra de las propuestas contemplada en la ley, tiene que ver con la creación de las zonas francas, esta iniciativa tampoco es una novedad, pues desde el gobierno del presidente Rodrigo Borja, se planteó este proyecto como una estrategia revolucionaria para encontrar el desarrollo del país, pero esta iniciativa no se concretó debido a que un requisito sine qua non para que se establezcan las zonas francas, se requiere por parte del Estado ecuatoriano grandes inversiones en infraestructura, tales como aeropuertos, puertos, carreteras, puentes, alumbrado eléctrico, agua segura, telefonía fija y móvil, entre otras.

En el gobierno de Correa se esperaba que esta propuesta se concrete, se comenzó con la construcción de algunas carreteras, algunos puentes, pero estas obras de infraestructura construidas fueron insuficientes para que se concrete, el gobierno de Moreno también fracasó y por consiguiente el gobierno de Lasso. Preocupa a los sectores sociales que, en virtud de esta propuesta del nuevo régimen, la ley pretenda reformar el código del trabajo en el artículo 11, añadiendo el literal f, en el cual rece, garantizar el empleo por contratos temporales que no es otra cosa que trabajo precario.

La cereza del pastel, estaría en la intensión del gobierno de condonar los intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias a más de 499 “grandes contribuyentes” del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre los beneficiarios se cuenta el grupo empresarial de su familia (grupo Noboa); la deuda por morosidad de estos grandes grupos económicos, ascendería a 2.000 millones de dólares. Esto no es novedad, ya el gobierno de Corea condonó deudas a los empresarios en 2008 y 2015, Moreno en 2018 y Lasso en 2021. Al parecer los grandes hombres de negocios se acostumbraron a este estilo, no pagar impuestos y cuando llega otro gobierno, negocian para que no se les rescindas sus deudas.

Se estima que el proyecto de ley generará en 2024 ingresos por 832 millones de dólares. Lo preocupante es que no se ha dicho como enfrentará los gastos que demanda el sector público en lo que resta de 2023. Como se observa, la nueva ley no resolverá los graves problemas económicos nacionales. Por tanto, si efectivamente el nuevo gobierno quiere recursos para enfrentar la dramática crisis económica, no debe acudir a los organismos crediticios internacionales por préstamos, ni acudir a la reserva internacional, ni a los fondos de la reconstrucción, sino que de inmediato proceda a cobrar las deudas a los empresarios morosos al SRI.

Félix S. Pilay Toala

Profesor Universitario

Doctor. Economista, Magister en Administración Pública.

Presidente, RED ICALC, (Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe)

Pilayfelix071@gmail.com