​RIP Y QEPD

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Javier Fuenzalida


No es sorpresa, el 62 % de desapruebo de Boric, 59 % desconfiado de la Convención Constituyente y 58 % rechazará la nueva constitución a pesar de que tan solo el 45 % ha leído el nuevo texto.

El Economist y otras publicaciones de alto prestigio, califican el borrador chileno como “demasiado largo, fiscalmente irresponsable, excesivamente progresista y redactado en un lenguaje confuso”. En resumen, una porquería y por ello el rechazo sigue creciendo.

¿Qué hacer?

Una opción, desaprovechada por los políticos y el gobierno, es desempolvar la propuesta de Bachelet ingresada al Congreso en marzo del 2018, días antes del término de su mandato. Quienes la han leído pueden dar testimonio que fue un buen trabajo. Aun es tiempo.

Su legitimidad se basa en los cabildos convocados con tal propósito y cuyas propuestas fueron compiladas y ordenadas por una comisión de especialistas que redactó el texto que duerme en el congreso. Participaron cerca de 250.000 personas, mucho más objetivo y realista que los 155 convencionales díscolos.

Ningún parlamentario o político se ha dado la molestia en despertarla y continuar su tramitación en lugar de gastar dinero inútilmente en una Convención Constituyente de inexpertos o iletrados. Se han derrochado miles de millones de pesos, entre honorarios pagados a los 155 privilegiados, $ 2.500.000 mensuales por cabeza ($ 4.700 millones), más una multitud de asesores y burócratas más “gastos operativos” cuyo valor se guarda como secreto de estado. No ha habido hasta el momento una rendición de cuentas de la actual catarata de gastos. Un derroche. La Contraloría muda. No debiera estar esperando hasta el fin para dar a conocer su informe técnico. Debía haber publicado informes mensuales periódicos.

Después de casi un año de sesiones y de pseudos debates, acabamos de conocer una carta pública, cuyo texto y firmantes no está disponible en internet en la que reconocen el fracaso, pero muda en cuanto a devolver, voluntariamente, los inútiles dineros recibidos gastados.

Nuestra historia nos muestra que todas nuestras constituciones, a partir del Reglamento Constitucional de 1812, hasta la de 1980, con todas sus modificaciones, no demandaron un disparatado concurso para elegir una multitud de constitucionalistas aficionados. La presente más bien se asemeja a una barra de segunda división que una asamblea de expertos calificados.

Si en su lugar de esa convención carnavalesca se hubiera designado a los verdaderos conocedores del tema, podríamos ahora tener un buen proyecto para ser sometido a un plebiscito.

A final de cuentas, la de 1833 duró casi un siglo, hasta 1925 y esta última otro tanto, hasta 1980 que, con sus modificaciones, aun nos rige. Así, Chile ha recorrido un buen camino histórico, con entera normalidad democrática sin haber caído en un populismo desmedido.

Es un asunto demasiado serio como para aceptar que el estado haya organizado una elección de constituyentes como si se tratara de un concurso para viajar en un cohete al planeta martes con objeto de saber cómo lo hacen los marcianos. En la práctica, los constituyentes han mostrado ser un conjunto de amateurs que pretendieran construir un mercedes benz de palo con serrucho y martillo.

No hay nadie que haya declarado que el proyecto es bueno. Tanto los expertos como los consultados mediante encuestas técnicas concuerdan unánimemente en rechazar el actual proyecto. Un vergonzoso y condenable trabajo político que es de esperar que no se repita si se la rechaza en el próximo plebiscito de septiembre próximo.

Tenemos fe en que hay suficientes constitucionalistas que cubren todo el arco iris ideológico como para que puedan redactar una constitución fundada en el derecho y que deje satisfecho a un alto porcentaje de los ciudadanos con derecho a voto.

Rip y QEPD el actual texto que, por lo detectado, será rechazado en el próximo plebiscito.


Javier Fuenzalida A.

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