​FNE y proyecto que sistematiza delitos económicos: "viene a solucionar necesidades importantes e incluso urgentes"

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El Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, junto al Jefe de la División Anticarteles de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Juan Correa; y al Subjefe de la misma División, Eugenio Ruiz-Tagle; asistieron hoy a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, a la cual fue citada la institución para exponer sobre el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos.

En su exposición, el Fiscal valoró la iniciativa, destacando que “el proyecto viene a solucionar necesidades importantes e incluso urgentes de nuestra legislación, dando así cumplimiento a una anhelada aspiración de la ciudadanía en cuanto a lograr penalidades efectivas para la criminalidad económica y así lograr mayores grados de igualdad ante la ley en Chile”.

Sin embargo, advirtió también que algunos temas, incluidos en una indicación que propone modificar el actual artículo 64 del DL 211, que regula las condiciones y el ejercicio de la acción penal, no integraban el proyecto original y fueron incluidos contra la opinión de los penalistas que desarrollaron el proyecto, con escasa discusión y sin considerar la opinión de ningún experto en libre competencia.

“Una indicación de última hora que se incorporó al proyecto propone una modificación al régimen legal actual contenido en el DL 211 que, lamentablemente también tenemos que decirlo, constituye un misil a la línea de flotación de la política pública de persecución de carteles en Chile”, afirmó el Fiscal.

Los temas de preocupación para la FNE son la inclusión del delito de colusión en el catálogo de delitos económicos de primera categoría, el establecimiento de responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito de colusión y la obligación de la FNE de querellarse en casos de colusión que afecten bienes de primera necesidad en un plazo de 90 días desde la presentación del requerimiento ante el TDLC.

A esto se suma la aparente división de competencias en la persecución de la colusión según el tipo de personas cuya responsabilidad se persigue, reservándose la sede administrativa para las personas jurídicas y la sede penal para las personas naturales, como establece el artículo 60 del proyecto.

El Fiscal detalló también que el nuevo artículo 64 propuesto por el proyecto adolece de serios defectos de técnica legislativa y que no resuelve los problemas de fondo que plantea un sistema de persecución dual de la colusión.

Entre estos últimos, mencionó el impacto sobre la delación compensada, el resguardo de la información confidencial en el proceso penal, el riesgo de decisiones contradictorias, cómo determinar qué casos merecen persecución penal en un sistema dual y cómo asegurar la colaboración de la agencia de competencia en el proceso penal.

Además, el Fiscal se pronunció sobre dos aspectos adicionales del proyecto referidos a la colusión y que sí están contemplados en la propuesta original de los profesores expertos en derecho penal que elaboraron el proyecto, como son la inclusión de la colusión como un delito económico de primera categoría y su introducción al catálogo de delitos por los que responden penalmente las personas jurídicas.

A la sesión también asistieron el vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Mauricio Larraín y el Fiscal de la Unidad de Investigación de la misma institución, Andrés Montes; el director del Centro de Competencia de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal; y los académicos Antonio Bascuñán y José Pedro Silva.