Fuerzas armadas contra los delincuentes

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Javier Fuenzalida

Llama la atención la discusión que ya se ha repetido varias veces sobre el rol de las fuerzas armadas en apoyo a la preservación de la seguridad pública.


A raíz de los hechos ocurridos el 18 octubre y otros posteriores, el ejecutivo instruyó al ejército para que colaborara en la restitución del orden público, en particular ahora en la zona sur, algo muy criticado por la egoísta izquierda chilena empecinada por hacer fracasar todas las políticas públicas originadas desde el ejecutivo, aunque sea justificando violencia como un hecho político aceptable y posteriormente condenarla de los dientes para fuera (indultos y amnistías), ignorando los verdaderos intereses de los ciudadanos pacíficos del país.


Los resultados de la primera vuelta fueron un claro indicador del descrédito de esas fuerzas políticas.


Sin embargo, hay un área descuidada, inquietante para los ciudadanos que claman por el orden y la tranquilidad. Es el temor de los políticos por usar el monopolio de la fuerza centrada en las instituciones armadas, marginándolos de la restitución del orden, sometiéndose a la crítica izquierdista que las acusan de violar los derechos humanos de los violentistas y terroristas.


La armada de chile desde hace mucho tiempo realiza patrullajes constantes en resguardo del territorio marítimo del país, incluyendo labores policiales cuando se trata de contrabandistas, narcotraficantes, pesca ilegal y otros. No se han producido los temores de los políticos respecto de esa acción policial. Pero cuando los actos delictivos se realizan en tierra firme, son los carabineros y la PDI los encargados de restituir el orden y, salvo casos en excepcionales, la participación de las fuerzas armadas.


Cuando se produjeron los hechos del 18 de octubre, el presidente dijo que estábamos en una guerra, expresión repudiada por la izquierda política. Desde esa fecha al presente, los “enemigos” terroristas, vándalos, delincuentes, narcos, han continuado impunes en gran medida, muertos de la risa frente a una justicia incompetente. Desmanes en las calles, daños a la propiedad pública y privada, robos, asaltos, crímenes, droga. Tanto carabineros como PDI no han podido someterlos por no contar ni con la dotación ni los elementos suficientes, inhibidos además por el activismo de los grupos defensores de los derechos humanos que califican como violación los actos de la autoridad. ¿Acaso los violentistas no violan los derechos humanos de los agentes del estado?


Los delincuentes desde los mas sofisticados hasta lo aprendices se pasean sin temor por los barrios de las ciudades. Roban, asaltan a transeúntes, automovilistas y viviendas a destajo. Los pocos que son sorprendidos y detenidos son enviados a los juzgados donde una minoría queda en detención o prisión preventiva y la gran mayoría vuelve triunfante a las calles sin respetar las órdenes del juez sobre reclusión nocturna, no acercarse a las víctimas, autografiar un libro secreto y otros procedimientos. Esa justicia se traduce en el hazmerreír de los delincuentes y traficantes, a lo que se suma el hecho de que, ni carabineros ni la PDI, cuentan con las dotaciones y recursos suficientes para verificar que la orden judicial sea acatada. Muchos de los detenidos corroboran que ya tenían pendientes varias órdenes de detención incumplidas o burladas porno ser habidos.


La pregunta que surge es por qué razón si la marina chilena cumple con misiones de policiamiento en el territorio marítimo no puede el ejército y la fuerza área hacer otro tanto en coordinación con carabineros y la PDI.


Ya estamos acostumbrados a leer las noticias sobre contrabandistas, delincuentes y narcotraficantes que ingresan clandestinamente por “pasos no habilitados” cruces limítrofes conocidos, pero no patrullados.


Las dotaciones del ejército y fuerza aérea regularmente realizan ejercicios militares quien bien pueden incorporar los patrullajes en áreas urbanas y limítrofes como lo hace la marina y dar cuentas a carabineros y pdi cuando detectan irregularidades y no esperar que sean sorprendidos casi al azar por las carreteras del país o asaltando a personas en las calles o sus viviendas.


¿Qué dicen los candidatos?



Javier Fuenzalida A.

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