​Acusación Afrentosa

La acusación constitucional que actualmente se debate en el Congreso contra tres Ministros de la Corte Suprema contribuye más a dislocar la división de responsabilidades entre los tres Poderes del Estado que a corregir un eventual error jurídico. Los tres Ministros aplicaron la Ley vigente para conceder las amnistías solicitadas por reclusos por casos de derechos humanos. No hemos tenido oportunidad de leer ninguna afirmación documentada que establezca que los Ministros pasaron por encima de la Ley. Lo que es más, se ha argumentado por parte de diversos juristas que las leyes contienen defectos, imprecisiones o carencias, que no han sido corregidas ni abordadas por el propio Congreso Nacional. Pero, más allá, se encuentra el argumento político que conlleva la acusación, puesto que la misma pretende que un Poder del Estado chileno intervenga o avasalle las atribuciones de otro. Por esa razón la misma Corte Suprema ha reaccionado airadamente, al invadirse el campo de sus atribuciones y creando, como lo plantea su Presidente, una instancia judicial que sería superior a la del máximo organismo judicial. Este elemento político que conlleva la acusación podría tener serias implicancias para el futuro institucional de la República. Pero está también presente el factor humano en esta inusual acusación. Uno de los Ministros involucrados es Hugo Dolmestch Urra quien, como Juez a cargo de la investigación de serios delitos cometidos contra los derechos humanos, empleó todos sus esfuerzos y talentos para obtener resoluciones concretas y abrir así paso al sentimiento de justicia que reclama la ciudadanía. Dolmestch, sin estridencias ni declaraciones ostentosas, cumplió seria y efectivamente su misión: desmenuzó los hechos, los aclaró, obtuvo confesiones sustanciales y llevó adelante los casos a su cargo con voluntad y responsabilidad jurídica. Ese mismo Ministro es ahora puesto bajo el peso de una acusación por abandono de deberes, en una actitud que parece obedecer más a la lógica de la coyuntura política que a la preocupación cierta por un debido orden jurídico.

Luis A. Riveros

Universidad de Chile