“En el mundo de la política nos ha faltado grandeza, unidad, colaboración, diálogo y acuerdos para enfrentar estos enormes y exigentes desafíos”, se lamentó ayer el Mandatario.
Durante siete horas de debate, los parlamentarios justificaron su votación aseverando o desestimando los argumentos sobre si infringió la Constitución y las leyes, y si comprometió gravemente el honor de la nación. Hubo votación dividida respecto de los dos capítulos.
Tras la aprobación, la acusación deberá ser vista por el Senado, por lo que desde la Cámara se debe conformar una comisión, integrada por tres diputados, que serán los encargados de sostener dicha acusación.
Por mayoría y, luego de las sesiones especiales, donde los y las senadores realizaron su fundamentación de voto sobre el libelo acusatorio, el Senado rechazó acusar constitucionalmente al ex ministro del Interior.
El proceso ahora deberá pasar al Senado, en donde una comisión defenderá la acusación constitucional. El acusado, en tanto, quedará suspendido en sus funciones desde este momento, acto que cesará solo si el Senado desestima la acusación o si no se pronuncia dentro de los treinta días siguientes.
El ex secretario de Estado queda así inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años. La Sala acogió por mayoría los dos capítulos de la acusación constitucional entablada en su contra, tras una jornada donde senadores y senadoras fundamentaron sus argumentos a favor y en contra.
En la segunda parte de la sesión especial destinada a conocer la acusación constitucional, intervino la defensa del ex secretario de Estado y luego hubo un periodo de réplica y dúplica, donde los diputados desestimaron los argumentos de la defensa y reiteraron la responsabilidad política del acusado en las violaciones a los DDHH cometidos por carabineros.
Durante la sesión, tanto la parte acusadora como la defensa tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos, entre intervenciones y réplicas, tras lo cual se inició un amplio debate que permitió la participación de los legisladores y que dio como resultado la aprobación de la admisibilidad del libelo acusatorio.
Ante la comisión de acusación constitucional contra el exministro Chadwick, Jorge Abbott entregó cifras sobre el aumento de las audiencias de control de detención, de imputados formalizados y de las denuncias por tortura y apremios ilegítimos ocurridas durante el estado de excepción.
El escrito fue presentado con el argumento de que bajo el mandato del exsecretario de Estado, en materia de orden público y seguridad, se violaron los derechos humanos de los chilenos.
Así lo propone la reforma constitucional presentada por los senadores Iván Moreira, Luz Ebensperger, Jacqueline Van Rysselberghe, José Durana y Víctor Pérez Varela, con lo que se pone fin a la exclusiva petición de remoción del Presidente de la República, la Cámara o diez de sus miembros.
La Cámara Baja desestimó por 73 votos en contra y 64 a favor la admisibilidad de la acusación constitucional en contra de los jueces de la máxima instancia judicial, Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller por “notable abandono de deberes”.
Ese mismo Ministro es ahora puesto bajo el peso de una acusación por abandono de deberes, en una actitud que parece obedecer más a la lógica de la coyuntura política que a la preocupación cierta por un debido orden jurídico.
Los magistrados afirmaron que no peligran los cargos de los jueces, sino que la autonomía “indispensable” para el desempeño de sus facultades, y por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental