​Corte Suprema: acusación constitucional contra ministros por fallo afecta autonomía y vigencia del estado de Derecho

Dado que parlamentarios de oposición preparan una acusación constitucional en contra de tres ministros de la Corte Suprema, por haber concedido la libertad condicional a reos condenados por crímenes de lesa humanidad, el Pleno del máximo tribunal se reunió este viernes emitiendo al término del encuentro su posición vía declaración pública.

Con posterioridad emitieron una declaración pública, en la que indicaron que “presupuesto indispensable de un Estado de Derecho es el respeto de las competencias y atribuciones de las distintas autoridades estatales, conforme a los pesos y contrapesos que la Constitución Política de la República contempla, por lo cual, desde luego se reconoce las potestades de los integrantes de la Cámara de Diputados para ejercer los mecanismos de control que ésta consagra”.

Pese a ello, recalcaron que todas las personas tienen derecho a un “debido proceso legal”, en el cual un juez ejercerá todas las potestades con independencia e imparcialidad, según el ordenamiento jurídico. Explicaron que lo harán sin influencias ni intromisiones.

Considerando ese precepto, detallaron en el documento que los ministros de la Segunda Sala Penal acogieron el recurso de amparo a favor de los condenados, lo que derivó en la acusación que preparan los legisladores.

"El cuestionamiento de las argumentaciones de una resolución judicial implica la revisión de la misma por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y por lo mismo de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial".

Ante este panorama, los magistrados afirmaron que no peligran los cargos de los jueces, sino que la autonomía “indispensable” para el desempeño de sus facultades, y por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental, agrega la Corte Suprema.