Alfredo Barriga

Hay semanas en que una noticia deja de ser una noticia y empieza a convertirse en una señal. Esta parece ser una de ellas.

La OCDE ubicó a Chile entre los diez gobiernos digitales más avanzados del mundo. El resultado sorprende, porque la experiencia ciudadana aún está lejos de ser plenamente digital y la Ley 21.280 —que exige que todos los trámites del Estado sean electrónicos en 2027— avanza, pero no al ritmo necesario para cumplir ese plazo. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción?

Hace unas semanas The Economist publicó un artículo con un título provocador: “El apocalipsis laboral se ha postergado: llegó un boom de empleos de IA”. La evidencia norteamericana desafía a quienes anticipaban que la inteligencia artificial comenzaría inmediatamente a destruir millones de puestos de trabajo. Está ocurriendo algo bastante más complejo: mientras algunas tareas y empleos desaparecen, la revolución de la IA está generando inversiones, nuevas ocupaciones y demanda por capacidades que antes prácticamente no existían.

La renuncia de Jacob Coxon, ex-investigador de OpenAI y Anthropic, volvió a encender las alarmas sobre el rumbo del desarrollo de la inteligencia artificial. Su denuncia es conocida: las grandes empresas estarían avanzando hacia sistemas cada vez más autónomos sin la prudencia necesaria. Pero más allá del impacto mediático, el episodio revela un problema más profundo: seguimos discutiendo la IA como si fuera un agente con voluntad propia, cuando el verdadero riesgo está en las decisiones humanas.

Chile ha avanzado significativamente en la digitalización de su sistema de salud. Existen registros electrónicos, sistemas de información, plataformas institucionales y una creciente disponibilidad de datos. Sin embargo, la existencia de múltiples sistemas digitales no significa todavía que exista un ecosistema digital de salud integrado. 

La irrupción de la inteligencia artificial en las salas de clase ha generado una inquietud comprensible: ¿están los niños aprendiendo menos? La pregunta reapareció esta semana a propósito de un análisis de The Economist, que revisa datos recientes sobre el uso de herramientas de IA por parte de estudiantes y su impacto en habilidades básicas como lectura, escritura y resolución de problemas.

Cada cierto tiempo ocurre un hecho que obliga a replantear una discusión completa. El reciente incidente protagonizado por un agente de OpenAI (el fabricante de ChatGPT) es uno de ellos.

Durante siglos enseñamos a escribir como una habilidad esencial. Aprender a organizar ideas, construir argumentos y encontrar las palabras adecuadas era una de las principales ventajas competitivas de un profesional. La inteligencia artificial acaba de cambiar esa premisa.

En 2010 tuve la oportunidad de conocer en Chile al educador británico Sir Ken Robinson. En una de sus conferencias pronunció una frase que quedó grabada en mi memoria: "Los niños que hoy entran a Pre-Kínder, cuando salgan de la universidad postularán a trabajos que hoy no existen, utilizando tecnologías que aún no se han inventado, para resolver problemas que no sabemos cuáles serán."

La inteligencia artificial se ha convertido en la infraestructura crítica del siglo XXI. Pero, como advierte The Economist, el mundo está entrando a esta nueva era con una vulnerabilidad estructural: la dependencia casi total de Estados Unidos y China para acceder a chips avanzados, nubes de hiperescala, modelos fundacionales y capacidades de entrenamiento. La pregunta ya no es solo cómo hacer segura la IA, sino cómo asegurar que esa seguridad no dependa exclusivamente de dos potencias con intereses estratégicos propios.