Argumentaron su votación las y los senadores Enrique Van Rysselberghe, Vanessa Kaiser, Miguel Ángel Becker, Cristián Vial, Iván Flores, Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovic y Miguel Ángel Calisto, además del ministro de la Segpres, José García.
Se reconoció que las cifras de violencia han mermado y agradecieron la labor del Ejército, Carabineros y PDI.
Sin embargo, se dejó constancia de una serie de materias que deben ser profundizadas, entre otras, el desgate de las Fuerzas Armadas, la incertidumbre para miles de familias y el costo económico de la medida.
Esto -se reconoció- porque la zona “está lejos de estar tranquila… miles de familias siguen siendo situaciones de inseguridad y miedo, ya que “en cualquier momento las células terroristas pueden activarse”.
Además, se alertó sobre la presencia de armas de fuego, que solo ha disminuido un 1%; al respecto se instó a pensar en el refuerzo de toda la frontera terrestres y del litoral.
La “excepcionalidad” de la medida también fue puesta nuevamente en duda, recordado que el estado de excepción constitucional de emergencia rige desde el 2022.
“Esclarecer” los actos de violencia y sus responsables, sanciones, anticipación de amenazas y de otros riesgos, también fueron parte del debate.
Desde el Ejecutivo se transparentó que “nuestro objetivo es recuperar progresivamente las condiciones de seguridad …sin depender de medidas extraordinarias. Para ello, la evaluación de este estado de excepción debe considerar tanto los resultados de seguridad como los desafíos que todavía enfrentamos”.
El ministro detalló que habrá continuidad y ampliación de la orientación del Plan Buen Vivir, la mantención de la urgencia del proyecto integral de la reparación de las víctimas. “La seguridad y el desarrollo territorial deben avanzar de manera complementaria”.
