Entregar una atención prioritaria a las personas mayores que son víctimas de delitos de estafas, es el objetivo de un proyecto que tramita la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara (boletín 18511).
El texto busca brindar apoyo legal a estas personas, a través de una atención preferente por parte del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.
A la instancia concurrió invitado el Auditor General de Carabineros, Jaime Elgueta, para entregar la opinión de la institución sobre esta propuesta.
En dicho contexto, señaló que existen grupos especializados en afectar a los adultos mayores precisando que las modalidades más utilizadas para realizar estafas o engaños son por medio de llamados telefónicos, mensajes u otros medios tecnológicos. De este modo, agregó, se aprovechan de la brecha tecnológica que tienen las personas mayores.
Precisó que el citado servicio ya contempla una atención preferente a este grupo etario frente a delitos de maltrato o violencia intrafamiliar. Por ello, planteó que el texto en discusión debiera acotar que se trata de los casos de estafas a personas mayores, para evitar que la priorización pudiera entenderse aplicable a cualquier víctima de esta clase de delitos.
Asimismo, sostuvo que el proyecto se inserta en el proceso progresivo de fortalecimiento de la protección jurídica de las personas mayores y que debe analizarse considerando el envejecimiento de la población chilena.
Consultas parlamentarias
Entre las consultas planteadas por las y los integrantes de la comisión estuvo conocer cifras de delitos frecuentes y la intervención de carabineros, entre otros puntos.
El general Elegueta indicó que tanto la bancarización como el uso creciente de aplicaciones y medios de pago digitales exponen a las personas mayores a nuevas modalidades delictivas. Añadió que, junto con delitos presenciales, como robos por sorpresa, existe un aumento de los engaños realizados mediante llamadas telefónicas. Lo más recurrente, explicó, es que simulan accidentes o emergencias de algún familiar para solicitar transferencias de dinero.
Informó que, según antecedentes de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante 2025 se registraron 9.182 casos de estafa y otras defraudaciones cometidas en contra de personas mayores.
También planteó que el alcance práctico del proyecto es un avance, pero que no resuelve íntegramente el problema. Esto porque si bien prioriza recibir atención de un abogado querellante, el éxito de la persecución penal depende, principalmente, del Ministerio Público.
La comisión acordó invitar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, junto a los responsables de la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, para que informen acerca de su estado de avance y formulen observaciones al proyecto. Igualmente, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Ministerio Público y la Brigada de cibercrimen de la PDI.
