Urgente reforma al empleo público
El Estado lleva más de una década creciendo sin pausa. El problema no es su tamaño: es que nadie parece medir si, con ese aumento en la cantidad de personal, funciona mejor.
En los últimos doce años, el número de funcionarios públicos casi se duplicó: pasó de 275.108 en 2014 a 549.237 personas en la actualidad. Ese aumento de casi un 100% no vino acompañado de una mejora equivalente en el servicio que recibe la ciudadanía. La razón es simple: operamos bajo una arquitectura de empleo público rígida, sin incentivos reales para un buen desempeño.
Un punto relevante a abordar son las evaluaciones. Por temor a tensiones internas, los jefes califican en la nota máxima -en la Lista 1-, al 97% de los funcionarios públicos. Es un sistema que no distingue mérito. Para devolverle sentido al esfuerzo, hay que fijar cuotas por tramos legales: restringir la Lista 1 al 20% -ubicar a la mayoría en la Lista 2-, y evaluar con indicadores propios de cada organismo.
A esto se suma el abuso de la “contrata”, situación en la que se encuentra un 68% de los cargos. Nació como un régimen transitorio y terminó siendo la norma, dejando la continuidad laboral sujeta a la voluntad política del jefe de turno. Unificar gradualmente planta y contrata permitiría construir una carrera funcionaria moderna: con movilidad entre servicios y estabilidad ligada al desempeño, no a la cercanía con la autoridad.
Otro problema urgente a observar son los procedimientos disciplinarios. Los sumarios administrativos -que se llevan adelante en caso de incumplimientos- están en crisis. Las investigaciones quedan en manos de funcionarios sin dedicación exclusiva ni formación especializada, que deben investigar a sus propios colegas sin dejar de hacer su trabajo habitual. Con esa sobrecarga, no sorprende que los plazos se incumplan sistemáticamente: la ley fija 20 días hábiles para investigar, pero la jurisprudencia ha establecido que su vencimiento no invalida el proceso. Sin un plazo que realmente opere, las causas se arrastran por años, entre la impunidad y la indefensión.
La Contraloría General de la República, que debe visar las destituciones e instruir sumarios directos ante faltas graves, también muestra signos de colapso. Al revisar investigaciones deficientes, el órgano contralor se ve obligado a devolver los expedientes al servicio de origen para subsanar errores y omisiones probatorias. Este constante tira y afloja de reenvío de causas reinicia ciclos de tramitación y añade años de dilación a un sistema que ya no da abasto.
Por último, la transformación digital y la interoperabilidad entre servicios se deben implementar de manera urgente. Herramientas como la Inteligencia Artificial pueden automatizar labores repetitivas y abrir una oportunidad real para reconvertir perfiles laborales, sin seguir expandiendo el gasto fiscal de forma irracional.
Modernizar el empleo público no es ir contra los funcionarios. Es rescatar el valor de la función pública. Garantizar un Estado ágil y probo es una obligación ética.
Aldo Manuel Herrera
Abogado - Investigador
Instituto Libertad
