La encrucijada del empleo público
El empleo público en Chile se encuentra en una encrucijada. Por ahora, la discusión no trata sobre cuántos funcionarios tiene el Estado, sino sobre cómo estos se vinculan laboralmente con él. La comparación internacional muestra que países como Estados Unidos, Reino Unido y España han logrado establecer marcos contractuales, al parecer, más claros y homogéneos, mientras que en Chile predomina la fragmentación normativa y la coexistencia de múltiples estatutos que generan desigualdad, rigidez y precariedad.
En Estados Unidos, el sistema federal, estatal y local se organiza bajo reglas uniformes de mérito y estabilidad. Los “civil servants” cuentan con un marco común que regula su carrera, con movilidad limitada, pero con claridad en derechos y deberes. En Reino Unido, el Civil Service constituye un cuerpo homogéneo, con contratos estables y carrera definida, complementado por reformas que aseguran igualdad de trato incluso en servicios externalizados. España, por su parte, ha desarrollado un modelo dual regulado por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que distingue entre funcionarios de carrera, interinos y personal laboral, pero bajo un marco común que garantiza los principios constitucionales de mérito y capacidad, así como movilidad y derechos homogéneos en todas las administraciones.
Chile, en contraste, presenta un mosaico de regímenes: el Estatuto Administrativo para la administración central, el Estatuto Municipal, el Estatuto Docente, el de Atención Primaria de Salud, además de regímenes especiales para el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. A ello se suman las empresas públicas, regidas por el Código del Trabajo. Esta dispersión normativa genera inequidades en remuneraciones, estabilidad y carrera funcionaria, y dificulta la construcción de un sistema coherente. Ello contribuye a que el Estado haya crecido más rápido que la economía.
Todo indica que el problema actual radica en que la vinculación contractual del funcionario con el Estado depende más del sector en que trabaja que de un principio común de servicio público. Esto produce rigideces, falta de movilidad y desigualdad territorial. Mientras en los países comparados la estabilidad contractual se combina con formación y movilidad, en Chile la precariedad persiste en parte de la dotación, especialmente en municipalidades y servicios locales.
La reforma debe apuntar a redefinir esa relación contractual. Se requiere avanzar hacia un contrato público único, que mantenga las especificidades sectoriales, pero asegure coherencia en derechos, deberes y movilidad. Esto implica unificar criterios básicos de remuneración, establecer evaluaciones de desempeño territorializadas y garantizar formación continua. La vinculación contractual debe dejar de ser un obstáculo y convertirse en un instrumento de cohesión territorial, permitiendo que los funcionarios puedan trasladarse entre comunas y regiones según las necesidades del país.
A pesar de que el Estado ha crecido con fuerza en los últimos años, ese crecimiento reciente no equivale a un tamaño excesivo en términos comparados: la evidencia internacional muestra que Chile no tiene un Estado sobredimensionado, sino que más bien está mal estructurado en su relación contractual con los funcionarios. Reformular el empleo público significa redefinir esa vinculación: pasar de un mosaico de estatutos a un marco común que garantice estabilidad, movilidad y equidad territorial. La discusión legislativa que se anuncia tiene la responsabilidad de transformar el empleo público en una verdadera palanca de cohesión y desarrollo.
Américo Ibarra Lara
Director Instituto del Ambiente Construido
Observatorio en Política Pública del Territorio
Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido
Universidad de Santiago de Chile
