El verdadero costo de cambiar los impuestos
La reciente aprobación de la reforma tributaria incluida en la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social permite cerrar una discusión legislativa, pero debiera abrir otra de mayor alcance. Chile no puede seguir entendiendo su sistema tributario como una sucesión de reformas asociadas a los ciclos políticos. El desafío debería ser construir un sistema que funcione, recaude de manera suficiente y entregue estabilidad para que las decisiones económicas puedan proyectarse más allá de un gobierno.
La reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría al 23%, la reintegración del sistema y los mecanismos de invariabilidad aprobados muestran que la competitividad tributaria no depende únicamente de cuánto se paga. También importa cuánto puede anticiparse el tratamiento tributario de una inversión y qué tan estable será el marco en que esa decisión deberá desarrollarse.
Una inversión de largo plazo no se evalúa mirando exclusivamente la tasa vigente. Se proyectan flujos, costos, rentabilidades, financiamiento y riesgos durante años. Si las reglas tributarias pueden modificarse reiteradamente durante ese período, la incertidumbre pasa a formar parte del cálculo económico y puede afectar tanto la decisión de invertir como las condiciones bajo las cuales se financia un proyecto.
La comparación internacional también obliga a superar una discusión centrada exclusivamente en tasas. Un país no se vuelve necesariamente más competitivo por cobrar menos impuestos que otro. Para un inversionista, una carga tributaria mayor puede resultar menos determinante que la posibilidad de conocer razonablemente las reglas que se aplicarán durante la vida útil de un proyecto. La tasa importa. La previsibilidad también.
Por eso, la invariabilidad tributaria aprobada en esta reforma tiene un significado que excede el beneficio que pueda recibir una determinada inversión. Reconoce que la estabilidad de las reglas tiene un valor económico propio. Cuando el Estado ofrece un horizonte regulatorio prolongado, reduce una variable de riesgo que de otro modo debe incorporarse a la evaluación del proyecto.
Esto no significa congelar el sistema tributario ni impedir que futuras circunstancias económicas o fiscales exijan modificaciones. Los sistemas tributarios necesitan adaptarse. El problema aparece cuando cada gobierno aborda esa adaptación como una oportunidad para redefinir nuevamente las bases del sistema. La discusión debería dejar de ser cuánto puede cambiar el régimen tributario con cada administración y comenzar a preguntarse qué reglas permiten que el sistema funcione de manera sostenible en el tiempo.
Un sistema tributario razonable no será aquel que deje completamente satisfechos a empresas, trabajadores, inversionistas y Estado. Esa coincidencia probablemente no exista. Será aquel que logre un equilibrio suficientemente estable entre recaudación, crecimiento, inversión, equidad y responsabilidad fiscal, de modo que sus reglas puedan trascender los ciclos políticos.
Chile necesita superar, por tanto, la lógica de la reforma tributaria como política pública de cada gobierno y avanzar hacia un sistema tributario que los gobiernos puedan administrar sin tener que rediseñarlo permanentemente.
La discusión que queda después de esta reforma no debiera ser cuál será la próxima modificación. Debiera ser cómo evitar que sea necesario comenzar nuevamente desde cero. Porque el verdadero costo de cambiar los impuestos no siempre aparece en la tasa que paga un contribuyente. También aparece cuando una empresa, antes de invertir, debe preguntarse cuánto tiempo podrá confiar en las reglas bajo las cuales tomó esa decisión.
Carla Huerta Miranda
Abogada tributaria
